El Sindicato de Inquilinas se prepara para recibir una citación judicial en las próximas semanas, en un caso que ha captado la atención pública debido a su relación con el desalojo de Maricarmen, una anciana de 87 años. La demanda, interpuesta por Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., busca una compensación de 10.000 euros por el uso del término "fondo buitre" para referirse a la empresa, que es propietaria del inmueble del que fue desalojada Maricarmen.
Contexto del desalojo
El desalojo de Maricarmen ha sido un proceso prolongado que se ha extendido por más de ocho años. La empresa Urbagestión adquirió la vivienda en 2018 y, tras varios intentos de negociación, logró llevar a cabo el desalojo, a pesar de que Maricarmen había vivido allí durante 70 años. La compañía ofreció inicialmente un alquiler de 2.650 euros, que luego se redujo a 1.650 euros, una cifra que la anciana no puede afrontar con su pensión de 1.350 euros.
La demanda y sus implicaciones
La querella presentada por Urbagestión se basa en acusaciones de injurias y calumnias, argumentando que el Sindicato ha orquestado una campaña en su contra, que incluye un video donde se les llama "fondo buitre". Además, la empresa señala que el Sindicato fomentó el envío masivo de correos electrónicos, con aproximadamente 1.500 mensajes en un solo día, pidiendo la paralización del desalojo.
Desde el Sindicato, se defienden afirmando que las imágenes utilizadas fueron tomadas de un perfil de Facebook público y que la campaña de correos fue una acción individual de sus seguidores, no una orquestación del sindicato. "Es una forma habitual de protesta, se ha hecho muchas veces", argumentan.
La postura de Urbagestión
A pesar de la demanda, Urbagestión insiste en que no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa dedicada a la gestión y promoción de activos inmobiliarios. Sin embargo, su propia página web describe a la compañía como "una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión". Esta contradicción ha llevado a cuestionar la imagen que la empresa intenta proyectar.
Desde la empresa han expresado su pesar por la situación de Maricarmen, aunque no han aclarado qué planes tienen para la vivienda tras el desalojo. La falta de respuesta a las preguntas de los medios ha generado aún más incertidumbre sobre su futuro.
El caso ha puesto de relieve la tensión entre los derechos de los inquilinos y las prácticas de algunas empresas inmobiliarias, así como la creciente preocupación por el acceso a la vivienda en un contexto donde los desahucios continúan siendo un tema candente en la sociedad española.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
