La doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez se encuentra en el centro de un escándalo de fraude y negligencia médica, tras ser imputada en el caso conocido como Senasa 2.0. En menos de dos meses, ha sido acusada de realizar reclamaciones fraudulentas al Seguro Nacional de Salud Pública (Senasa) y de operar una clínica de estética sin los permisos necesarios, donde se produjo la muerte de una joven tras un procedimiento de liposucción.
Implicaciones legales y acusaciones de fraude
Basora Ramírez es parte de un grupo de 22 médicos detenidos por el Ministerio Público, que investiga la práctica de cobrar por consultas y procedimientos que nunca fueron realizados a los afiliados de Senasa. En su caso particular, se le atribuye haber presentado reclamaciones a la ARS por procedimientos ginecológicos que supuestamente realizó a hombres, lo cual es incompatible con su condición biológica.
Las autoridades han señalado que el 22 de julio de 2024, la doctora presentó dos reclamaciones médicas que incluían diagnósticos como "trastorno no inflamatorio especificado de la vulva" y "resección de granuloma vulvoperineal". Estas acusaciones han llevado a la Procuraduría a solicitar 18 meses de prisión preventiva para Basora y otros implicados.
La clínica clandestina y la muerte de una paciente
La Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Santo Domingo Este, fue identificada por el Ministerio de Salud Pública como un establecimiento que operaba de manera clandestina. En julio, se reportó que un barbero, Enmanuel Hernández, realizó una liposucción a la joven Rebecca Brizard, quien falleció tras el procedimiento. Este hecho ha generado una gran controversia y ha llevado a las autoridades a investigar a Basora, quien inicialmente ignoró un citatorio para comparecer ante las autoridades.
Después de que se hiciera pública la muerte de Brizard, Hernández abandonó el país. La situación ha puesto en la mira la falta de regulación en clínicas de estética y la necesidad de asegurar que los procedimientos médicos sean realizados por profesionales debidamente acreditados.
Demandas civiles y repercusiones en el sector salud
El caso ha escalado aún más con la presentación de una demanda civil por parte de María de los Ángeles Flores Ovando, quien busca una indemnización de 20 millones de pesos. La demandante alega que sus datos personales fueron utilizados para facturar estudios y procedimientos que nunca le fueron realizados, lo que refleja un patrón de fraude en el sistema de salud pública.
La situación ha generado un debate sobre la ética y la regulación en la práctica médica en el país, así como la responsabilidad de las instituciones de salud en la supervisión de los servicios que ofrecen. El juez de la Oficina de Atención Permanente está programado para anunciar su decisión sobre la medida de coerción solicitada por la Procuraduría, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro de Basora y los otros médicos involucrados.
El caso Senasa 2.0 no solo pone de relieve las irregularidades en el sistema de salud, sino que también plantea preguntas sobre la seguridad de los pacientes y la necesidad de una mayor supervisión en el sector médico.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
