Un grupo de cuatro abogados dominicanos ha resaltado la ilegalidad de las alertas migratorias, afirmando que cualquier impedimento para salir del país debe contar con una orden judicial. Este pronunciamiento surge en un contexto donde la Procuraduría General de la República ha comenzado a eliminar restricciones a más de 56,000 ciudadanos que no tenían respaldo legal para sus impedimentos de salida.
Recomendaciones legales para afectados
Los juristas, entre ellos José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz, sugieren que cualquier ciudadano que enfrente un impedimento de salida debe acudir a la Procuraduría General. Allí, deben presentar certificaciones que demuestren que no tienen casos pendientes en los tribunales o sentencias que les prohíban viajar fuera del país.
En caso de haber estado involucrados en un proceso judicial, los ciudadanos deben presentar las certificaciones de sentencias que hayan levantado el impedimento o que confirmen que los casos han concluido a su favor. Esto es esencial para poder demostrar su derecho al libre tránsito.
Acciones de la Procuraduría General
La Procuraduría General anunció recientemente que ha solicitado a la Dirección General de Migración (DGM) levantar "cualquier alerta e impedimento de salida" que no haya sido emitida por un tribunal. Esta medida es el resultado de una auditoría de más de seis meses que revisó datos acumulados durante tres décadas, permitiendo la eliminación de restricciones a un gran número de personas.
Según la Procuraduría, muchos de los registros de los ciudadanos en el sistema migratorio carecían de sustento judicial, lo que limitaba su derecho al libre tránsito. Esto se debe a que algunos impedimentos se debieron a procesos judiciales que ya habían sido cumplidos o a errores administrativos.
Cómo verificar el estado migratorio
Para aquellos que deseen confirmar si tienen algún impedimento de salida, los abogados recomiendan dirigirse a la DGM y solicitar una certificación de su estado. Este documento solo se expide a la persona afectada. Aunque también es posible acudir a la Procuraduría General, los abogados advierten que esta institución puede ser reticente a proporcionar información, a pesar de estar legalmente obligada a hacerlo.
El costo para solicitar esta certificación en la DGM es de dos mil pesos, según lo indicado por los abogados. Esta inversión puede ser crucial para aquellos que necesiten viajar y se encuentren con restricciones inesperadas.
Contexto judicial reciente
Un caso notable que ha resaltado la problemática de las alertas migratorias es el del exprocurador general Jean Alain Rodríguez. En septiembre del año pasado, un juez ordenó a Migración entregar la documentación que justificaba su restricción migratoria, impuesta en noviembre de 2020 y junio de 2021. Sin embargo, según su abogado, Migración nunca cumplió con esta orden, alegando que no encontraron las órdenes correspondientes, lo que ha generado controversia sobre la legalidad de tales alertas.
La exprocuradora general Miriam Germán Brito también había admitido que las alertas migratorias no están permitidas por la legislación dominicana, lo que añade un contexto de confusión y posible abuso en la aplicación de estas restricciones.
Este escenario pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos migratorios y la importancia de garantizar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos dominicanos.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
