El 17 de marzo, un grupo de 16 pescadores ecuatorianos a bordo del Negra Francisca Duarte II vivió una experiencia aterradora a 170 millas náuticas de las islas Galápagos. Mientras regresaban al puerto de Manta tras dos semanas de faena, la tripulación fue sorprendida por un ataque aéreo de un dron que dejó varios heridos y provocó el hundimiento de su embarcación.
El capitán Hernán Flores relató que, tras avistar dos drones, sintió una fuerte explosión en la cabina, lo que desató el caos a bordo. "En nuestro oído quedó un chillido feísimo y sentí que atrás de mi cabeza me corría algo caliente", recordó Flores, quien vio a uno de sus compañeros gravemente herido. A pesar de los esfuerzos por extinguir el fuego, el barco se incendió rápidamente y la tripulación tuvo que evacuar en botes auxiliares.
Detención y entrega a la Marina de El Salvador
Después de escapar del barco en llamas, los pescadores se dirigieron a un barco azul que habían avistado previamente, pensando que podría ser un barco atunero. Sin embargo, al acercarse, fueron recibidos por hombres armados que les ordenaron subir y los esposaron. Durante horas, fueron mantenidos en condiciones precarias, sin información sobre su destino.
Finalmente, fueron entregados como "náufragos" a la Marina de El Salvador, donde recibieron atención médica y posteriormente regresaron a Ecuador. Este incidente ha suscitado interrogantes sobre la responsabilidad de las fuerzas estadounidenses, ya que el Comando Sur de EE.UU. ha negado cualquier participación en el ataque.
Operaciones encubiertas y falta de respuestas
El ataque al Negra Francisca se enmarca en un contexto más amplio de operaciones militares estadounidenses en la región, específicamente en el marco de la operación Southern Spear, que ha dejado más de 200 muertos en ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico. Sin embargo, este caso es uno de los pocos en los que las autoridades estadounidenses no han reconocido su autoría.
Según un informe de The Washington Post, estos ataques podrían estar vinculados a una operación encubierta de la CIA, lo que añade un nivel de complejidad a la situación. Hernán Flores se cuestiona por qué su barco fue atacado si había sido revisado previamente por la Guardia Costera ecuatoriana, que no encontró irregularidades. "Si ellos tienen tanta tecnología, drones, un avión, ¿por qué nos bombardearon?", se pregunta.
Reacciones y falta de apoyo gubernamental
La situación ha generado una fuerte reacción entre los familiares de los pescadores y defensores de derechos humanos, quienes critican la falta de interés y apoyo por parte de las autoridades ecuatorianas. Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, señala que las autoridades no han tomado en serio la investigación de estos ataques y que la Fiscalía ha mostrado escasos avances en el caso.
Además, el 7 de octubre, un tribunal en Manta absolvió a 32 pescadores ecuatorianos acusados de "asociación para delinquir" tras el hundimiento de sus embarcaciones por fuerzas estadounidenses, lo que pone de relieve la falta de pruebas en las acusaciones. La incertidumbre y el miedo persisten entre los pescadores, quienes exigen justicia y respuestas claras sobre los ataques que han sufrido.
La comunidad pesquera ecuatoriana se enfrenta a un panorama complicado, donde la seguridad de sus operaciones y la protección de sus derechos humanos están en entredicho. La falta de respuestas y el silencio de las autoridades solo aumentan la angustia de quienes dependen del mar para su sustento.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
