El nuevo Código Penal de República Dominicana, que entrará en vigor en noviembre, introduce un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, lo que implica que las empresas no solo serán responsables por los delitos cometidos por sus directivos, sino también por las acciones de sus empleados. Este cambio legislativo, contenido en la Ley 74-25, modifica la forma en que las organizaciones gestionan el riesgo empresarial, obligándolas a establecer controles y supervisión más rigurosos.
Responsabilidad Penal de las Empresas
Según el artículo 8 del nuevo Código, las empresas podrán ser penalmente responsables por actos u omisiones de sus representantes o subordinados, siempre que estos sean consecuencia de fallas en la dirección, control o supervisión de la compañía. Esto significa que, ante un hecho delictivo, no solo se investigará quién lo cometió, sino también qué medidas de control existían para prevenirlo.
El Código establece que la responsabilidad de la empresa puede ser comprometida si se demuestra imprudencia, negligencia o incumplimiento de los deberes de cuidado. Esto transforma problemas que antes se consideraban administrativos en potenciales delitos penales, lo que requiere que las empresas adopten un enfoque proactivo en la gestión de riesgos.
Implicaciones para el Cumplimiento Normativo
Las empresas deberán implementar programas de cumplimiento que incluyan la identificación de riesgos penales, la creación de un departamento con poderes para supervisar el cumplimiento y protocolos claros para responder a posibles infracciones. Este enfoque no solo es necesario para evitar sanciones, sino que también puede servir como un factor atenuante en caso de que se produzca un delito.
Para las pequeñas y medianas empresas, el Código permite que el órgano de administración asuma directamente las funciones de cumplimiento, aunque no las exime de la obligación de gestionar el riesgo. Esto implica que el cumplimiento normativo se convierte en una práctica esencial para todas las organizaciones, independientemente de su tamaño.
Áreas de Riesgo y Sanciones Potenciales
El nuevo régimen de responsabilidad no se limita a fraudes financieros. Las empresas pueden ser responsables por conductas que causen enfermedades o incapacidades laborales, así como por discriminación en procesos de contratación y manejo de datos personales. El artículo 198 del Código sanciona la recolección y divulgación de datos sin consentimiento, lo que añade una capa de responsabilidad para aquellas que manejan información sensible.
Las sanciones por infracciones pueden ser severas, incluyendo multas de hasta 1,500 salarios mínimos y penas complementarias como el cierre temporal de establecimientos. Además, la responsabilidad penal de una empresa no excluye la de los empleados involucrados, lo que significa que ambos pueden enfrentar consecuencias legales por los mismos hechos.
Preparación y Adaptación Empresarial
La implementación de este nuevo régimen ha generado preocupación entre las organizaciones empresariales, que solicitan un período de adaptación más extenso para cumplir con los requisitos establecidos. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha propuesto extender el plazo a 24 meses, argumentando que las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan más tiempo para adaptarse a las nuevas normativas.
El presidente de ANJE, Boris De León Reyes, enfatizó que las empresas dominicanas buscan cumplir con el nuevo régimen, pero requieren un marco legal claro y un tiempo razonable para prepararse. La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) también ha expresado la necesidad de revisar protocolos operativos y establecer responsabilidades claras para prevenir delitos en sus operaciones.
En conclusión, el nuevo Código Penal en República Dominicana representa un cambio significativo en la forma en que las empresas deben gestionar su responsabilidad penal. La necesidad de establecer controles efectivos y demostrar un cumplimiento normativo adecuado será crucial para evitar sanciones y proteger a las organizaciones de acciones legales.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
