El Poder Ejecutivo de República Dominicana ha promulgado la Ley núm. 87-26, una iniciativa que busca transformar la prestación del servicio judicial al priorizar los trámites digitales. Esta nueva normativa, que modifica varios artículos de la Ley núm. 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial, tiene como objetivo facilitar un acceso más ágil, transparente y seguro a la justicia.
Principales cambios introducidos por la Ley 87-26
La ley introduce definiciones clave que modernizan el marco normativo, tales como autenticación, acto jurisdiccional electrónico, buzón judicial digital, y expediente electrónico. Además, se especifican aspectos sobre la firma electrónica y la firma digital cualificada, lo que permitirá a jueces y funcionarios del sistema judicial utilizar estas herramientas para firmar sentencias y resoluciones, otorgándoles plena validez jurídica sin necesidad de certificaciones adicionales.
Una de las novedades más relevantes es que los trámites ante el Poder Judicial se realizarán prioritariamente de forma digital, aunque se mantendrá la opción de realizar gestiones de manera presencial en las sedes judiciales. Esta medida busca asegurar que el entorno virtual no se convierta en una barrera para la ciudadanía, garantizando el derecho a realizar trámites de forma presencial para aquellos que no cuenten con los medios técnicos o la capacitación necesaria.
Innovaciones tecnológicas y su impacto
La Ley 87-26 también establece la creación de un sistema digital de georreferenciación ministerial, administrado por el Poder Judicial. Este sistema permitirá registrar en tiempo real la fecha, hora y coordenadas geoespaciales de cada diligencia procesal, lo que asegurará la trazabilidad y certeza de las actuaciones judiciales.
Además, la normativa autoriza la realización de audiencias virtuales en todas las materias, aunque en el ámbito penal estas solo se permitirán en los casos específicamente previstos por la ley. La ley también regula las modalidades de atención presencial, semipresencial y virtual, y establece mecanismos de contingencia operativa para situaciones imprevistas.
Implementación y próximos pasos
La Ley núm. 87-26 entrará en vigor tras su promulgación y publicación oficial, cumpliendo con los plazos establecidos en la Constitución y el Código Civil dominicano. Con esta reforma, el Poder Ejecutivo busca no solo modernizar el sistema judicial, sino también garantizar un acceso a la justicia que responda a las necesidades de la población en un mundo cada vez más digital.
La implementación de esta ley representa un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial en República Dominicana, alineándose con las tendencias globales en el uso de tecnologías digitales en la administración de justicia.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
