La regulación de la libertad de expresión y los límites legales que la rodean fueron temas centrales en una mesa redonda celebrada en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) el pasado martes. Este evento reunió a destacados juristas dominicanos y franceses, así como al expresidente de la República, Leonel Fernández, quien propuso la creación de un código de comunicación que agrupe las normativas sobre medios de comunicación.
Fernández argumentó que las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión no deberían estar incluidas en el Código Penal, sino que deberían ser parte de una legislación especializada. "Eso no ha debido discutirse en el marco del Código Penal, sino en la ley especial", enfatizó, sugiriendo que es necesario regular adecuadamente la radio, la televisión y las plataformas digitales.
Desafíos de la libertad de expresión en la era digital
Durante la mesa redonda, el magistrado Namphi Rodríguez revisó la evolución histórica de la libertad de expresión en el país, destacando los avances logrados desde la Constitución de 2010, que amplió el reconocimiento de los derechos a buscar, recibir y difundir información. Rodríguez subrayó la importancia de establecer un diálogo en la sociedad dominicana sobre estos temas, considerando las referencias internacionales y la concentración de poder en las plataformas tecnológicas.
La catedrática francesa Farah Safi cuestionó las penas de prisión impuestas por difamación, argumentando que estas obstaculizan tanto la libertad de informar como la de ser informado. "La prisión obstaculiza tanto la libertad de informar como la de ser informado", afirmó, sugiriendo que es crucial corregir la duplicidad normativa existente para evitar confusiones sobre las sanciones aplicables.
Normativas y estándares internacionales
El magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, abordó la doctrina de la real malicia en el contexto de los delitos de prensa. Acosta explicó que no es suficiente demostrar que una afirmación es falsa; también es necesario probar la mala fe o negligencia en la verificación de la información. Además, presentó los criterios internacionales que limitan las sanciones penales a situaciones excepcionales.
La profesora Valérie Malabat centró su intervención en la responsabilidad de las plataformas digitales y los usuarios, defendiendo la necesidad de una intervención penal mínima. "Aprobar algo con un pulgar hacia arriba no significa necesariamente tomar la iniciativa de difundirlo ni querer hacerlo", comentó, refiriéndose a las interacciones en redes sociales.
Impacto de la inteligencia artificial en la libertad de expresión
La abogada Ana Carolina Blanco Haché advirtió sobre la falta de excepciones para la parodia y la sátira en el contexto de contenidos alterados por inteligencia artificial. "Esto puede ahogar la crítica y asfixiar la libertad de expresión", advirtió, señalando que los mecanismos actuales podrían facilitar el retiro de contenidos humorísticos. Propuso la incorporación de garantías para proteger estas formas de expresión.
Este debate pone de relieve la necesidad de una revisión profunda de las normativas que rigen la libertad de expresión en República Dominicana, especialmente en un contexto donde la tecnología y las redes sociales juegan un papel cada vez más relevante en la comunicación.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
