En el marco del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, celebrado en Santo Domingo, juristas nacionales e internacionales expresaron su preocupación por el enfoque de "mano dura" y el aumento de las penas como soluciones para la delincuencia. Durante el evento, que se lleva a cabo hasta este miércoles, se destacó que estas políticas no solo son ineficaces, sino que pueden debilitar las garantías fundamentales de los ciudadanos.
El jurista dominicano Francisco Álvarez subrayó que las deficiencias en las instituciones del país han llevado a respuestas extremas ante la criminalidad. "La Policía los mata en la calle y el tribunal los manda a prisión preventiva", afirmó, señalando que la falta de coordinación entre las instituciones contribuye a la ineficacia del sistema judicial. Según Álvarez, el uso excesivo de la prisión preventiva se ha convertido en una forma de garantizar que los procesos judiciales continúen, aunque esto no solucione el problema de fondo.
Álvarez también cuestionó la idea de que aumentar las penas sea una solución viable. "Ninguna norma puede garantizar que se va a controlar la delincuencia. No deberíamos enfocar nuestras esperanzas en un código que condena a 60 años, sino en qué están haciendo las instituciones para prevenir el delito y hacer investigaciones sólidas", enfatizó.
La necesidad de un enfoque preventivo
El jurista argentino Alberto Binder coincidió en que enfrentar la criminalidad moderna requiere un enfoque más inteligente y estratégico. "Enfrentar la criminalidad moderna requiere inteligencia, porque del otro lado hay gente inteligente que piensa", argumentó, instando a las autoridades a planificar una persecución penal más efectiva en lugar de recurrir a soluciones punitivas inmediatas.
Binder criticó las propuestas que sugieren que la seguridad se puede lograr a través de un mayor ejercicio del poder punitivo, advirtiendo que tales enfoques son engañosos. "Quien sostenga que la seguridad se resuelve de un plumazo diciendo 'el que la hace la paga', se está engañando y está engañando a la sociedad", afirmó.
Críticas al populismo penal
El catedrático español Manuel Cancio Meliá también se unió a las críticas al populismo penal, señalando que se le atribuyen al derecho penal capacidades que realmente no posee para abordar fenómenos complejos de criminalidad. "Le atribuimos al derecho penal un poder mágico del que carece. Subir la pena por crimen organizado a 2,000 años no resuelve el problema", expresó.
Ambos especialistas utilizaron el caso de El Salvador como un ejemplo de los peligros de los modelos de mano dura. Binder advirtió que el enfoque del presidente Nayib Bukele es más propaganda que una solución efectiva, mientras que Cancio Meliá cuestionó las restricciones generalizadas de garantías procesales como respuesta a la criminalidad.
El impacto de la prisión preventiva
La jurista Emery Colomby Rodríguez destacó que la imposición de prisión preventiva ha sido exagerada, aunque rechazó la idea de que las medidas alternativas sean inherentemente ineficaces. Según ella, las autoridades no han desarrollado mecanismos suficientes para asegurar que estas medidas sean cumplidas. "No podemos abandonar las garantías, porque si abandonamos las garantías, entonces el Estado se va a convertir completamente en un caos", advirtió.
El exjuez constitucional peruano Gerardo Eto Cruz también cuestionó el uso de la prisión preventiva sin justificación individualizada, argumentando que esto viola principios fundamentales del derecho. "Cuando un juez dispone prisión preventiva sin necesidad ni proporcionalidad, está violando abiertamente el bloque de convencionalidad y de constitucionalidad", afirmó.
El constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats describió a la República Dominicana como un "gran laboratorio de anatomía patológica" del populismo penal, señalando la influencia negativa de una "alianza diabólica" entre prensa, redes sociales, justicia, Policía y fiscales, que favorece condenas anticipadas y juicios paralelos.
Las intervenciones de los juristas durante el congreso resaltan la necesidad urgente de replantear las estrategias de combate a la delincuencia, enfocándose en la prevención y en el fortalecimiento de las instituciones en lugar de recurrir a medidas punitivas que han demostrado ser ineficaces.
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