El Gobierno de la República Dominicana ha dado un paso significativo en la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública al firmar el Decreto 787-26 el pasado 2 de noviembre. Esta normativa, impulsada por el presidente Luis Abinader, establece un Código de Ética que prohíbe prácticas consideradas éticamente cuestionables y busca proteger los derechos de los ciudadanos.
Prohibiciones clave del nuevo marco regulatorio
Entre las principales prohibiciones del decreto se encuentra la restricción del uso de sistemas de inteligencia artificial para clasificar socialmente a los ciudadanos, lo que podría afectar su acceso a derechos y servicios públicos. Asimismo, se prohíbe la identificación biométrica masiva en espacios públicos, como el reconocimiento facial y de voz, sin las garantías legales adecuadas.
La normativa también prohíbe el uso de sistemas de predicción criminal que clasifiquen a individuos como potenciales infractores basándose en su lugar de residencia, origen étnico o situación económica. Estas prácticas son vistas como incompatibles con la presunción de inocencia y el debido proceso, principios fundamentales del sistema judicial.
Transparencia y supervisión en decisiones administrativas
Un aspecto central del Código de Ética es el derecho de los ciudadanos a conocer cuándo una decisión administrativa que les afecta ha sido influenciada por inteligencia artificial. Las instituciones deberán explicar los factores que llevaron a esas decisiones y establecer procedimientos para que los ciudadanos puedan solicitar información adicional, corregir errores y obtener revisiones humanas.
La responsabilidad por las decisiones tomadas, incluso con el uso de herramientas automatizadas, seguirá recayendo sobre las autoridades y servidores públicos. Además, los sistemas de alto impacto, especialmente aquellos que afectan derechos fundamentales, deberán someterse a evaluaciones previas de impacto ético y de derechos antes de su implementación.
Creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial
El decreto también establece la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, que será copresidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Este consejo incluirá representantes del gobierno, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, y tendrá la responsabilidad de supervisar y coordinar la implementación del Código.
La Digeig se encargará de la supervisión ética y la evaluación de los sistemas de alto impacto, mientras que la Ogtic gestionará un registro público de transparencia sobre las herramientas de inteligencia artificial utilizadas por el Estado. Las instituciones deberán identificar sus sistemas de IA, designar responsables y establecer mecanismos de supervisión humana continua.
Protección de menores y contenido sensible
El Código también establece restricciones especiales para el uso de inteligencia artificial en sistemas dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Se requerirán evaluaciones específicas y garantías reforzadas para su utilización, prohibiendo expresamente la generación o distribución de contenido sexualizado, abusivo o discriminatorio hacia menores.
Con estas medidas, el Gobierno dominicano busca no solo mejorar la eficiencia administrativa mediante la incorporación de tecnologías avanzadas, sino también mitigar los riesgos que estas pueden representar para la privacidad, la igualdad y las garantías individuales de los ciudadanos.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
