La Fiscalía de Perú ha ordenado el archivo de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas de más de 4.000 mujeres, un caso que se remonta a las políticas de control demográfico implementadas durante la presidencia de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000. Esta decisión, emitida el 22 de octubre, se basa en la aplicación de una ley de amnistía, lo que ha desatado una oleada de críticas por parte de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Detalles del archivo del caso
La Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos justificó su decisión al declarar que las responsabilidades penales por los hechos investigados han prescrito, en virtud de la ley 32107, aprobada en 2024 por el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario. Esta ley ha sido objeto de controversia, ya que establece la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 1 de julio de 2002, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma.
Impacto en las víctimas
Margarita Rojas, una de las víctimas de estas políticas, expresó su desilusión tras conocer la decisión de la Fiscalía. Rojas fue sometida a una esterilización forzada a los 18 años, sin recibir la información adecuada sobre el procedimiento. Desde 2013, ha buscado justicia, pero ahora siente que esa posibilidad se aleja aún más.
Las esterilizaciones forzadas, que afectaron a más de 24.000 hombres y 314.000 mujeres, han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que calificó estos actos como parte de un ataque sistemático contra sectores vulnerables de la población, en su mayoría indígenas y de bajos recursos.
Reacciones y controversias legales
La decisión de archivar el caso ha sido defendida por el exministro de Salud Alejandro Aguinaga, quien argumenta que no existió un programa de esterilizaciones forzadas y que las denuncias son infundadas. Sin embargo, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han rechazado esta interpretación, afirmando que la ley de amnistía busca imponer un "olvido forzoso" sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.
La controversia legal en torno a la ley 32107 ha llevado a un debate en los tribunales peruanos. Mientras que el Tribunal Constitucional rechazó una demanda sobre su inconstitucionalidad, la Corte Suprema decidió inaplicarla, argumentando que contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Perspectivas futuras
A pesar del archivo del caso, las organizaciones de víctimas han anunciado su intención de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente. La directora de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador Tozzini, ha señalado que aún hay oportunidades para revertir esta decisión y garantizar que se escuche a las víctimas.
La situación de las esterilizaciones forzadas sigue siendo un capítulo oscuro en la historia reciente de Perú, donde las heridas de las violaciones a los derechos humanos continúan abiertas. La falta de justicia y la impunidad en estos casos reflejan un desafío persistente para el país en su búsqueda de reconciliación y verdad.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
