El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido una sentencia que pone de relieve la grave demora en el sistema judicial, al condenar la cancelación de la cédula de identidad de Antonio Tomás Javiel, quien estuvo más de diez años sin su documento. La Junta Central Electoral (JCE) había cancelado su cédula en 2014, alegando irregularidades en su acta de nacimiento, lo que desencadenó un prolongado proceso judicial que culminó en octubre de 2026.
Un caso de irregularidades administrativas
La historia de Antonio Tomás Javiel se remonta a 1995, cuando sus padres registraron su nacimiento de manera tardía. A pesar de que la JCE le había expedido su cédula de identidad y electoral, la institución, durante un proceso de digitalización de registros, alegó que había una supuesta duplicidad de identidad y decidió cancelar su documento. La JCE argumentó que Javiel había sido inscrito irregularmente, pero no logró demostrar que existieran dos identidades distintas.
En 2015, Javiel interpuso una acción de amparo que fue favorablemente resuelta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en noviembre de ese año, ordenando a la JCE que le devolviera su cédula en un plazo de 30 días. Sin embargo, la JCE apeló esta decisión, lo que llevó a que el caso permaneciera estancado en el TSA durante más de diez años.
La intervención del Tribunal Constitucional
El expediente finalmente fue remitido al Tribunal Constitucional en junio de 2026, donde se dictó la sentencia TC/1148/26. En esta resolución, el tribunal determinó que la JCE había actuado de manera arbitraria al cancelar la cédula de Javiel sin demostrar las irregularidades que alegaba. Además, el TC criticó la prolongada demora del TSA en remitir el recurso, lo que impidió que se resolviera el caso de manera oportuna.
La sentencia subrayó que un ciudadano no puede ser responsabilizado por las irregularidades administrativas y que la JCE debía haber notificado formalmente a Javiel sobre la cancelación de su cédula, así como haberle permitido responder a las acusaciones. El tribunal también destacó que la JCE tenía la obligación de investigar y corregir cualquier irregularidad en sus registros, pero siempre respetando el debido proceso.
Consecuencias de la cancelación de la cédula
La decisión del TC no solo se centró en la cancelación de la cédula, sino que también abordó las consecuencias que esta acción tuvo en la vida de Javiel, quien actualmente tendría 75 años. La falta de un documento de identidad puede generar serias dificultades para acceder a servicios básicos, como la atención médica, así como para realizar trámites legales y administrativos.
El tribunal hizo un llamado a la JCE para que actuara con mayor diligencia y consideración hacia los ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables. La sentencia también recordó que la justicia debe ser accesible y efectiva, y que las dilaciones injustificadas pueden constituir una denegación de justicia.
Finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de la JCE y reafirmó la orden de expedir la cédula de identidad a Antonio Tomás Javiel, cerrando así un capítulo de más de una década de incertidumbre y lucha por el reconocimiento de sus derechos.
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