El Gobierno de España está en proceso de negociación de un nuevo decreto que incluye medidas significativas para la protección de inquilinos y la regulación de desahucios. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la prohibición de desahucios a personas en situación de vulnerabilidad hasta el año 2028 y la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler por un máximo de dos años adicionales.
Detalles de la propuesta de prórroga de alquileres
El borrador del decreto, al que han tenido acceso diversos medios, establece que los contratos de vivienda habitual que lleguen a su vencimiento podrán ser prorrogados hasta un máximo de dos años, manteniendo las condiciones y el precio originales. Esta medida está dirigida a los inquilinos que estén al corriente de sus pagos y que hayan cumplido con esta condición durante al menos ocho meses previos a la solicitud de prórroga.
Sin embargo, la prórroga no será automática. Los propietarios podrán negarse a ella bajo ciertas condiciones, como si acuerdan un nuevo contrato o si necesitan recuperar la vivienda para uso propio o de familiares, siempre que puedan demostrar la necesidad.
Limitaciones en las actualizaciones de renta
Además de las prórrogas, el Gobierno también propone limitar las actualizaciones de renta en los contratos que se cumplan entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027. En este caso, el incremento de la renta no podrá superar el 2% si no se llega a un nuevo acuerdo entre inquilino y propietario.
Estas medidas buscan mitigar el impacto de la inflación y el aumento de precios en el sector de la vivienda, que ha generado preocupación entre los ciudadanos y ha llevado a protestas recientes.
Prohibición de desahucios y medidas contra fondos buitre
El Gobierno también está considerando la prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de fondos buitre. Esta medida surge a raíz de la creciente preocupación por los desahucios y la falta de alternativas habitacionales para las personas vulnerables. Según el borrador, los desahucios podrían ser suspendidos si el inquilino demuestra su vulnerabilidad y no se le ofrece una alternativa habitacional adecuada.
El texto establece que los propietarios, tanto personas jurídicas como particulares, que adquieran inmuebles a precios inferiores a su valor de mercado con el fin de maximizar su rentabilidad, estarán sujetos a estas restricciones.
Incentivos fiscales y apoyo a jóvenes
El paquete de medidas también incluye incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. Se propone una deducción del 10% en el IRPF para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros, aplicable a las zonas con alta demanda de vivienda. Para los propietarios, se prevén reducciones significativas en el rendimiento neto del alquiler si se alquila a jóvenes con una reducción de renta superior al 5%.
Además, se establecerá una línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda, con condiciones favorables como un tipo de interés del 0% y un período de carencia que coincide con la duración de la hipoteca.
El Gobierno se enfrenta al reto de conseguir el apoyo de diversas formaciones políticas para aprobar este decreto, que ha estado en discusión desde marzo y ha sido objeto de múltiples borradores. La necesidad de consenso es crucial, dado que las posiciones de los partidos varían considerablemente.
La propuesta se discutirá en el Consejo de Ministros, donde se espera que se tomen decisiones clave sobre el futuro de la vivienda en España.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
