El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha ratificado una condena que obliga al Estado a indemnizar a Hacienda Fondeur con un total de RD$520.49 millones por terrenos expropiados en Samaná. Esta decisión, tomada el 1 de octubre de 2026, pone fin a un conflicto legal que se originó en 2001, cuando se declaró de utilidad pública una porción de terreno para el asentamiento de familias campesinas.
Antecedentes del conflicto
El conflicto comenzó con el decreto 598-01, que estableció la expropiación de la parcela 3574 en Samaná. La empresa Hacienda Fondeur argumentó que los terrenos tenían un uso forestal y de reforestación, lo que generó confusiones sobre la propiedad. En 2005, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) confirmó que en parte de la propiedad existía un asentamiento campesino que había sido oficializado.
Proceso judicial y decisiones administrativas
Años después de la expropiación, Hacienda Fondeur reclamó el pago correspondiente por los terrenos. El 13 de septiembre de 2024, la Dirección General del Catastro Nacional (DGCN) emitió un avalúo administrativo que valoró la propiedad. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2024, Hacienda Fondeur presentó una demanda de justiprecio contra el Estado, Bienes Nacionales y el IAD.
El 6 de mayo de 2025, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló parcialmente a favor de Hacienda Fondeur, ordenando el pago de RD$515,491,872 por 1,536,179.25 metros cuadrados, además de cinco millones por daños y perjuicios. Este monto equivale a aproximadamente 335.57 pesos por metro cuadrado, calculado sobre la superficie total reconocida.
Recurso de revisión y fallo final
Tras la decisión del TSA, la Procuraduría General Administrativa presentó un recurso de casación en nombre del Estado, que también incluía a Bienes Nacionales y el IAD. Sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó este recurso, argumentando que Bienes Nacionales no había proporcionado una explicación concreta sobre cómo la decisión de la Suprema Corte había vulnerado sus derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional no revisó el valor de los terrenos ni recalculó la indemnización, manteniendo así la decisión del TSA.
Este fallo del Tribunal Constitucional representa un cierre en un proceso judicial que ha durado más de dos décadas, reflejando las complejidades de las expropiaciones en el país y la importancia de la compensación justa para los propietarios afectados.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
