El Congreso Nacional de la República Dominicana está evaluando el proyecto de la Ley Mirabal, que tiene como objetivo establecer sanciones severas para quienes incurran en violencia económica y patrimonial contra las mujeres. Esta propuesta, que se encuentra en manos de una comisión bicameral, contempla penas de prisión que oscilan entre cinco y diez años para aquellos que incumplan con sus obligaciones alimentarias, aun teniendo la capacidad de pago, y utilicen este incumplimiento como una forma de sometimiento hacia las mujeres.
Definición de violencia económica
La Ley Mirabal define la violencia económica como cualquier conducta que implique el uso del incumplimiento de las obligaciones alimentarias para coaccionar a las mujeres, así como el condicionamiento del pago de la manutención para evitar que se separen o como castigo por haberlo hecho. Además, se sancionará a quienes retengan o desvíen los ingresos de una mujer sin su consentimiento, impidiendo su acceso a recursos que le corresponden.
Conductas sancionadas y penas establecidas
Entre las conductas que se consideran violencia económica se incluyen:
- Retener, apropiarse o desviar ingresos o prestaciones económicas de una mujer.
- Impedir el acceso a recursos mediante amenazas o intimidación.
- Utilizar cuentas bancarias o tarjetas de crédito de una mujer sin su consentimiento.
- Obligar a una mujer a entregar sus ingresos o asumir deudas mediante engaños.
El proyecto también aborda la violencia patrimonial, que incluye acciones como dañar, destruir o sustraer bienes pertenecientes a una mujer. Las penas para estas infracciones también varían entre cinco y diez años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes, como el hecho de que la víctima sea una menor o esté embarazada.
Contexto y urgencia legislativa
La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, ha enfatizado la necesidad de que el Congreso agilice la discusión de esta ley para evitar que se pierda por retrasos legislativos. La Ley Mirabal busca no solo sancionar a los infractores, sino también crear un marco legal que proteja a las mujeres de diversas formas de violencia que afectan su autonomía económica y patrimonial.
La propuesta es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la violencia de género en el país y garantizar que las mujeres tengan acceso a sus derechos económicos y patrimoniales sin temor a represalias. La discusión de esta ley es un paso significativo hacia la protección de las mujeres en situaciones vulnerables y la promoción de su bienestar integral.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
