Natalia Zakharova, una madre de dos hijos menores y víctima de violencia de género, ha sido desahuciada este jueves en Barcelona, a pesar de la reciente aprobación de un decreto que busca proteger a personas en situaciones vulnerables. El desalojo se llevó a cabo a las 14:00 horas, dejando a la familia sin un hogar y con la única opción de acudir al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado que el desahucio se produjo porque la propietaria del inmueble, una mujer de avanzada edad con un compromiso hipotecario, también se encuentra en una situación de vulnerabilidad, lo que impidió la aplicación del nuevo decreto sobre vivienda. Este decreto, publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado, establece la suspensión de desahucios para personas vulnerables, pero excluye aquellos casos donde la parte demandante también esté en una situación similar.
Contexto del desahucio
Natalia había depositado sus esperanzas en el decreto, ya que había dejado de pagar el alquiler de 1.200 euros al mes a finales de 2024, tras huir de Rusia en 2022 debido a represalias por protestar contra la invasión de Ucrania. Desde entonces, ha enfrentado dificultades económicas, sobreviviendo con un ingreso mínimo vital de 1.500 euros y con un trabajo esporádico como limpiadora. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una nueva vivienda, el alto costo de los alquileres en Barcelona, que promedian 1.137,4 euros al mes, ha hecho que nadie quisiera alquilarle un piso.
Los servicios sociales han estado atendiendo su caso desde noviembre de 2025, pero no le ofrecieron una alternativa habitacional hasta el 14 de octubre, lo que dejó a Natalia en una situación crítica. Su abogado había presentado un informe de vulnerabilidad al juzgado, pero el juez no mostró interés en las condiciones de vida de sus hijos tras el desalojo.
Reacción social y movilización
La noticia del desahucio de Natalia generó una rápida respuesta de movilización social. Al enterarse del lanzamiento, un grupo de aproximadamente 50 personas se congregó en el portal de su vivienda, exigiendo "no más desahucios" y reclamando derechos básicos como agua, luz y techo. La presencia de los movimientos sociales llevó a la activación de un dispositivo de los Mossos d’Esquadra para despejar a los manifestantes, quienes intentaron impedir el desalojo.
Mientras tanto, dentro del piso, Natalia se encontraba angustiada, cuestionándose sobre el futuro de su familia y la posibilidad de recoger a su hija menor de la escuela. Su vecina Isabel, también madre, ofreció su apoyo, enfatizando que la vivienda es un derecho humano y que deben existir alternativas para quienes se encuentran en situaciones similares.
El desalojo y sus consecuencias
Finalmente, a las 14:00 horas, un grupo de 15 agentes antidisturbios subió al piso para ejecutar el desalojo. A pesar de la resistencia de Natalia, quien exigió que se registrara que no se le había ofrecido una alternativa, la situación culminó con ella y sus hijos en la calle, con solo tres maletas. Un vecino se ofreció a llevarla a la oficina de servicios sociales, donde se activaría el mecanismo para buscar una solución.
Las autoridades municipales han asegurado que, a pesar de los horarios, Natalia y sus hijos recibirán atención más allá de las ocho de la mañana. Sin embargo, por el momento, se les ha ofrecido una habitación sin baño en una pensión a media hora caminando de la estación de Rodalies de Barberà del Vallès, lo que plantea serias dudas sobre su bienestar y el de sus hijos en los próximos días.
Este caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan muchas familias vulnerables en Barcelona, donde la crisis de vivienda se agudiza y las políticas de protección a menudo no logran cubrir las necesidades de quienes más lo requieren.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
