La situación de abuso sexual infantil en las comunidades awajún y wampis de la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas peruano, ha alcanzado niveles alarmantes. Desde 2014, se han registrado cerca de 1,000 denuncias de abusos sexuales a menores, muchas de las cuales no han sido atendidas por el sistema judicial. Este problema ha llevado a una crisis de salud pública, con un aumento significativo de contagios de VIH entre menores, incluyendo casos de niñas de apenas 3 años.
La visita de Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), puso de manifiesto la gravedad de la situación. Durante su estancia, se encontró con testimonios desgarradores de jóvenes que habían intentado quitarse la vida, reflejando el impacto devastador que el abuso sexual y la falta de atención han tenido en la salud mental de estas comunidades.
Denuncias y falta de atención judicial
La Defensoría del Pueblo de Perú ha sido clave en la denuncia de esta problemática, reportando al menos 500 casos de acoso sexual en colegios de la región. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, ha liderado una campaña para visibilizar estos abusos, señalando que el sistema judicial ha fallado en brindar la atención necesaria. "Estamos solas; el sistema judicial simplemente dice que no tiene presupuesto para atendernos", afirmó Pioc.
La falta de recursos y la escasa presencia de jueces en la región han permitido que muchos de los acusados de abuso sexual evadan la justicia. Según el informe de la Defensoría, de los casi 170 profesores denunciados, la mayoría no ha sido procesada, lo que ha normalizado la violencia y el abuso en estas comunidades.
Impacto en la salud y la crisis de VIH
El impacto de estos abusos se ha traducido en una crisis de salud pública. Entre 2014 y 2026, se han registrado 190 casos de VIH en jóvenes de 14 a 19 años en estas comunidades, con una prevalencia del 1.8%, seis veces mayor que en otras regiones del país. Maureira destacó que la situación es aún más grave, ya que muchas familias enteras están afectadas por el virus y no reciben la atención médica necesaria.
El Ministerio de Salud de Perú ha declarado una emergencia médica en la zona para atender a las menores, pero tanto Pioc como Maureira subrayan la necesidad de un plan integral que evite la estigmatización de las víctimas y garantice atención sostenida. La crisis de salud mental, evidenciada por el aumento de intentos de suicidio entre adolescentes, es un aspecto que requiere atención urgente.
Demandas y soluciones propuestas
Las líderes comunitarias han hecho un llamado al gobierno peruano para que destine recursos suficientes para judicializar los casos de abuso sexual y construir albergues para las víctimas. "Necesitamos poder atender a las víctimas de una forma integral y sostenible", enfatizó Pioc. La falta de un refugio adecuado ha llevado a que muchas víctimas sean trasladadas a lugares donde no se habla su lengua y donde no se comprenden sus problemáticas.
El Mesecvi ha recomendado al poder central que se otorguen los recursos necesarios para abordar esta crisis. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Janet Tello, ha reconocido que el presupuesto actual es insuficiente para enfrentar los problemas de justicia en el país, lo que ha llevado a una respuesta fragmentada ante la crisis.
La ministra de la Mujer, María Seminario, también ha manifestado la necesidad de una respuesta coordinada del Estado para abordar esta problemática, destacando que se están llevando a cabo reuniones para encontrar soluciones integrales.
La situación en Condorcanqui es un reflejo de la falta de atención a los derechos de las niñas y mujeres en Perú, y la urgencia de una respuesta efectiva y coordinada para garantizar su protección y bienestar.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
