La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el miércoles una nueva prisión de máxima seguridad, el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), en un esfuerzo por abordar el creciente problema de la violencia y el narcotráfico en el país. Este centro, que se encuentra dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, ha sido diseñado siguiendo el modelo de la megacárcel de El Salvador, que ha sido objeto de controversia por su enfoque en la mano dura contra el crimen.
Durante la inauguración, Fernández enfatizó la necesidad de que "gobierne la autoridad pública, no los criminales" y aseguró que el CACCO representa un cambio significativo en la seguridad penitenciaria y nacional de Costa Rica. La mandataria, quien ha mostrado admiración por las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, destacó que el país enfrenta un aumento alarmante en los homicidios, con 873 registrados en 2025, convirtiéndose en el tercer año más violento de su historia.
Características del nuevo centro penitenciario
El CACCO está diseñado para albergar hasta 5,100 reos en cinco módulos, cada uno con 17 celdas de 90 m². Las condiciones de reclusión son estrictas: los prisioneros tendrán acceso limitado a la luz solar, solo una hora al día, y no podrán poseer objetos personales. Además, deberán usar uniformes naranjas y tendrán un régimen de visitas muy restringido.
Contexto de la violencia en Costa Rica
La violencia en Costa Rica ha aumentado en los últimos años, en parte debido al narcotráfico, que las autoridades consideran un factor clave en la escalada de homicidios. En 2015, el país tenía una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con 103 por cada 100,000 habitantes. Aunque bajo el régimen de excepción en El Salvador se han logrado reducir los niveles de violencia, este enfoque ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de abusos y violaciones a los derechos fundamentales.
Reacciones y críticas a la política de seguridad
A pesar del apoyo popular a medidas más severas contra el crimen, con un 96% de los costarricenses a favor de endurecer las leyes, la implementación de un modelo similar al de El Salvador ha suscitado preocupaciones. Activistas y opositores critican que Costa Rica, tradicionalmente reconocida por su respeto a los derechos humanos, adopte un enfoque que podría llevar a violaciones sistemáticas. La presidenta Fernández, sin embargo, ha defendido su postura, afirmando que se respetarán los derechos humanos mientras se aplica una política de "mano dura" contra los delincuentes.
En este contexto, la mandataria planea visitar El Salvador para aprender más sobre el modelo penitenciario que, según ella, ha ayudado a restaurar la paz en un país que ha enfrentado décadas de violencia. La inauguración del CACCO marca un paso significativo en la estrategia de seguridad de Costa Rica, que busca adaptarse a un panorama delictivo cada vez más complejo.
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