La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha establecido el 18 de noviembre como la fecha para emitir un fallo sobre el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Este recurso busca revocar una condena que obliga a la institución a pagar RD$7.5 millones por no devolver un teléfono celular marca Samsung, valorado en 3,200 pesos, a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, un imputado en un caso de presunta corrupción.
Contexto del Caso
La condena original fue dictada por la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla, y se refiere a una sanción económica conocida como astreinte. Esta sanción se impuso debido al incumplimiento de una resolución judicial del año pasado que ordenaba la entrega de varios bienes incautados, de los cuales solo faltaba el teléfono mencionado. Álvarez Carbuccia, quien fue director administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), es parte de un grupo de diez personas acusadas de sabotaje a la red semafórica y estafa contra el Estado.
Argumentos de la Defensa
El abogado Jhon Manuel Frías Frías, representante de Álvarez Carbuccia, explicó que la astreinte de 20 mil pesos diarios impuesta a la Procuraduría no tiene como objetivo indemnizar el valor del celular, sino obligar al Estado a cumplir con las órdenes judiciales. Frías argumentó que permitir que una parte desacate una orden judicial con excusas como "se perdió" o "estaba en una mudanza" podría socavar la autoridad de las decisiones judiciales.
En la resolución de la jueza, se detalla que el Ministerio Público alegó que no pudo entregar el dispositivo porque estaba en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para una extracción de datos que se utilizarían en el caso de malversación. Sin embargo, la magistrada consideró que el Ministerio Público no justificó adecuadamente su incapacidad para devolver el celular.
Responsabilidad del Ministerio Público
El abogado Frías enfatizó que la condena pecuniaria establece que la custodia de las evidencias recae en el Ministerio Público. Si un bien desaparece mientras está bajo su control, esto no exime a la institución de su responsabilidad. La jueza dejó claro que las órdenes judiciales deben ser cumplidas de manera completa y oportuna, especialmente cuando el obligado es un organismo público.
Frías concluyó que el debate no se centra únicamente en el valor del teléfono, sino en la obligación del Estado de acatar las decisiones de los tribunales. Además, señaló que los otros bienes incautados fueron entregados de manera irregular por el órgano persecutor.
La decisión de la Corte de Apelación, que se espera para noviembre, será crucial no solo para el caso de Álvarez Carbuccia, sino también para sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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