La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial ha sido objeto de controversia tras la adjudicación de contratos por un total de 133.2 millones de pesos a servidores públicos, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de estas transacciones. Las auditorías recientes de la Contraloría General de la República revelan que tres empleados del Estado fueron beneficiados con contratos para la construcción y remodelación de obras, en violación de la Ley 340-06, que regula las Compras y Contrataciones en el país.
Detalles de los Contratos Adjudicados
Los contratos en cuestión abarcan proyectos de infraestructura comunitaria, deportiva y cultural en diversas provincias. El contrato más significativo corresponde a la reconstrucción del campo de béisbol Villa Cerro, en Higüey, que fue otorgado a la empresa Seven Caves Chain S.A. por un monto de 68,656,491.20 pesos. La principal accionista de esta empresa, Ivonne Nicole Jacobo Trigo, también se desempeña como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde recibe un salario mensual de 2,000 dólares.
Además, se adjudicaron contratos para la construcción de funerarias municipales en Canca la Reyna y Monte Plata, por un total de 28,909,522.73 pesos, a un contratista que también es ingeniero de obras en el Ayuntamiento de Pedro Brand. Otro contrato, por 35,667,551.51 pesos, fue destinado a la reparación del Parque Arqueológico La Isabela Histórica, adjudicado a un miembro de la Armada de República Dominicana.
Irregularidades y Reacciones de la Contraloría
La Contraloría ha rechazado las justificaciones presentadas por la Comisión, que argumentó que validó el registro de proveedores y que no contaba con un oficial de cumplimiento para detectar que los adjudicatarios eran empleados públicos. El informe de auditoría mantiene el hallazgo de violación a la Ley 340-06 y no establece que se hayan tomado medidas concretas para subsanar la situación.
Las leyes dominicanas prohíben de manera categórica que los servidores públicos contraten con el Estado, y cualquier violación a estas normativas puede resultar en la nulidad de los contratos y en sanciones que van desde la inhabilitación para ejercer funciones públicas hasta penas de prisión.
Otras Irregularidades Detectadas
La auditoría también identificó otras irregularidades en la gestión de la Comisión, incluyendo problemas en el control de bienes y el parque vehicular. Se reportó una inconsistencia de 53,891,860.64 pesos entre los registros financieros y la administración de bienes, así como discrepancias en el número de vehículos registrados.
Además, se observó que los activos fijos de la entidad carecían de etiquetas y códigos que vincularan su existencia física con los registros contables, lo que complica la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Todos estos hallazgos están en proceso de subsanación, según el informe de auditoría.
La situación plantea un desafío significativo para la administración pública, que debe abordar estas irregularidades y garantizar que las contrataciones se realicen de acuerdo con la ley, a fin de mantener la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
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