La Audiencia Provincial de Córdoba ha emitido una sentencia que condena a dos empresarios a un total de cinco años de prisión por defraudar más de 1,5 millones de euros a la Seguridad Social. Este caso, que ha sido calificado como la mayor trama hostelera en la región, implica un entramado de empresas que dejó de cumplir con sus obligaciones fiscales durante un periodo de ocho años.
Detalles de la condena
El principal condenado, identificado como Á.V.C.Á., ha sido sentenciado a tres años de prisión, además de una multa de 600.000 euros. Esta cifra se desglosa en 300.000 euros por un delito contra la Seguridad Social y otros 300.000 euros por no pagar sus propias cuotas como autónomo. La sentencia también establece que el empresario defraudó un total de 606.615,31 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
El segundo condenado, J.U.N., quien actuaba como testaferro, ha recibido una pena de dos años de prisión y una multa de 300.000 euros. La Audiencia lo describe como un “testaferro o tercero interpuesto de manual”, lo que implica que utilizaba su nombre para ocultar la gestión real de las empresas implicadas en el fraude.
Impacto económico y legal
La sentencia no solo implica penas de prisión, sino también multas que suman un total de 900.000 euros, además de indemnizaciones a la TGSS. Á.V.C.Á. deberá indemnizar a la TGSS con 361.896,06 euros, mientras que J.U.N. deberá pagar 244.719,25 euros por las deudas acumuladas por una de las empresas. En total, la cantidad defraudada asciende a 1.506.615 euros.
Ambos condenados han sido inhabilitados por cinco años para recibir subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales de la Seguridad Social. A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía había solicitado penas mucho más severas, llegando a pedir 23 años de cárcel para los cuatro acusados iniciales, pero las condenas finales fueron significativamente menores.
Contexto del caso y posibles apelaciones
Este caso no es aislado, ya que en el pasado han existido otras condenas similares en el sector hostelero de Córdoba. En octubre de 2025, otro empresario fue condenado a dos años de prisión y una multa de 620.000 euros por impagos a la Seguridad Social, lo que evidencia un patrón de comportamiento en la región.
En cuanto a la situación actual de los condenados, la sentencia es de primera instancia, lo que permite que pueda ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hasta el momento, no se ha informado si se ha presentado una apelación ni si los condenados ingresarán en prisión. La defensa ha solicitado la suspensión de la ejecución de la pena y ha presentado un calendario de pagos a la Seguridad Social.
La TGSS aún espera recuperar los 606.615,31 euros que no fueron cotizados, aunque ya se ha registrado un ingreso previo de 40.000 euros y un compromiso de pago mensual de 2.000 euros por parte de los condenados.
Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas, así como las consecuencias legales que pueden derivarse de la defraudación a la Seguridad Social.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
