El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha determinado que Oscar Pierre, cofundador de Glovo, será juzgado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El magistrado Luis Martínez Durán considera que existen indicios suficientes para abrir un juicio oral, tras más de dos años de instrucción, debido a la supuesta práctica de la empresa de mantener a sus repartidores como falsos autónomos, a pesar de las sentencias que exigían su contratación como empleados.
Decisiones judiciales y acusaciones
El juez ha rechazado la solicitud de la defensa de archivar el caso y ha instado a la Fiscalía y al sindicato CGT, que actúa como acusación particular en representación de dos repartidores, a presentar sus escritos de acusación. El delito que se le imputa a Pierre podría acarrear penas de entre seis meses y seis años de prisión.
La denuncia que dio origen a este caso provino de la Fiscalía de Barcelona, tras una serie de sanciones y sentencias que han acumulado una deuda de 267 millones de euros de Glovo con la Seguridad Social por cotizaciones impagadas. A esto se suma un pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2020 y la posterior aprobación de la Ley Rider en 2021, que busca regular la situación laboral de los repartidores.
La defensa de Glovo y la respuesta de Pierre
Un portavoz de Glovo ha manifestado que la empresa apelará la decisión del juez, argumentando que esta es improcedente y no refleja los resultados de la investigación. Además, el representante enfatizó que la celebración de un juicio no implica una presunción de culpabilidad, y que la compañía está dispuesta a presentar pruebas en su defensa.
Durante la instrucción, Pierre fue llamado a declarar en diciembre de 2024, y un día antes de su declaración, Glovo anunció que abandonaría su modelo de falsos autónomos y regularizaría a todos sus repartidores. Pierre argumentó que esta decisión fue una coincidencia y no parte de su estrategia de defensa.
Prácticas laborales en Glovo
El juez ha señalado que Glovo continuó manteniendo una relación laboral con sus repartidores, quienes se vieron obligados a registrarse como autónomos y a pagar sus propias cotizaciones para poder seguir trabajando. Esta práctica, según el magistrado, contraviene la legislación laboral y menoscaba los derechos de los trabajadores, incluyendo aspectos como salario, jornada laboral, descansos, permisos y protección social.
Además, el juez ha criticado la falta de respuesta de Glovo a las preguntas de la Inspección de Trabajo, así como su negativa a regularizar a los repartidores después de las sentencias en su contra. A lo largo de la instrucción, más de 40 repartidores han testificado, junto con miembros de la alta dirección de la empresa, quienes han señalado a Pierre como responsable de las decisiones laborales.
Próximos pasos en el proceso judicial
A pesar de que Pierre ha continuado en su cargo como consejero delegado tras la compra mayoritaria de Glovo por un grupo alemán a finales de 2021, la decisión del juez abre un nuevo capítulo en este caso. Ahora, la Fiscalía y la acusación particular tienen un plazo de 10 días para presentar sus escritos de acusación, lo que permitirá formalizar el juicio oral.
Este proceso judicial no solo pone en el centro de la discusión el modelo de negocio de Glovo, sino que también plantea interrogantes sobre la protección de los derechos laborales en la economía de plataformas, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
