Nepotismo en el Congreso Nacional: 65 familiares de legisladores en nómina
Un reciente estudio realizado por Diario Libre ha puesto de manifiesto la existencia de una cultura de nepotismo en el Congreso Nacional de la República Dominicana, donde 65 familiares de legisladores están actualmente en nómina. Este fenómeno no solo plantea interrogantes sobre la ética en la administración pública, sino que también revela un vacío normativo que permite la contratación de parientes sin restricciones claras.
Un panorama preocupante
La investigación, que analizó las nóminas de agosto de ambas cámaras del Congreso, encontró que 53 diputados y seis senadores tienen a sus familiares ocupando diversos cargos, desde asistentes legislativos hasta choferes y mensajeros. De los diputados, se identificaron cuatro cónyuges, tres padres, una madre, 19 hermanos y 30 hijos en la nómina. En el caso de los senadores, se contabilizaron cinco hermanos, dos hijos y un padre.
Este fenómeno es alarmante, considerando que aproximadamente uno de cada cuatro diputados tiene a algún familiar en la nómina, con salarios que oscilan entre los 27,500 y 118,000 pesos mensuales. Entre los legisladores que han sido identificados se encuentran figuras como Dharuelly D´Aza y Eduviges -Leyvi- Bautista, quienes tienen a un hermano y un padre, respectivamente, en sus oficinas.
Marco legal y ético
A pesar de que la Ley 41-08 de Función Pública prohíbe a los servidores públicos contratar a familiares en la misma institución, esta normativa no se aplica a los miembros del Congreso Nacional, quienes son elegidos por voto popular. Esto crea un vacío que permite que la contratación de familiares se realice sin restricciones, lo que ha llevado a una normalización de la práctica.
El reglamento de la Cámara de Diputados no establece prohibiciones específicas sobre la contratación de familiares, lo que deja a cada legislador la discreción de decidir a quién contratar. Aunque el artículo 21 del reglamento menciona la responsabilidad y ética que deben observar los legisladores, no se tipifica la contratación de parientes como un conflicto de interés.
Casos destacados
Uno de los casos más notables es el del diputado Jhonatan Rabel Contreras, cuya esposa, Wandy Mejía Dipré, aparece en la nómina como chofer, ganando 49,500 pesos mensuales. A pesar de que Mejía Dipré es médico general y trabaja en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, su contratación ha sido objeto de críticas.
Otro ejemplo es el diputado Nolberto Ortiz, quien tiene a su hijo Pablo Ortiz contratado como chofer, a pesar de que este es sicólogo de profesión. El legislador argumenta que la contratación es temporal y responde a necesidades operativas.
Además, el diputado Braulio Espinal ha nombrado a su madre como mensajera de su despacho, mientras que el diputado Wandy Batista tiene a su hermano de 65 años como chofer, lo que plantea preguntas sobre la idoneidad de estas contrataciones.
Reacciones y justificaciones
Algunos legisladores defienden estas prácticas argumentando que no representan un conflicto de intereses siempre que los empleados cumplan con sus funciones. Ydenia Doñé, portavoz del Partido de la Liberación Dominicana, sostiene que la ley no prohíbe esta práctica, lo que permite su continuidad.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se abstuvo de opinar sobre el nepotismo, indicando que cada senador maneja su oficina con su personal de confianza. Sin embargo, esta falta de regulación ha llevado a que la contratación de familiares se convierta en una práctica común y aceptada en el entorno legislativo.
Conclusiones
La presencia de familiares en las nóminas del Congreso Nacional no solo plantea cuestiones éticas, sino que también refleja una falta de regulación que permite que el nepotismo se perpetúe. A medida que se continúe con esta práctica, será fundamental que se establezcan normativas claras que regulen la contratación de personal en las oficinas de los legisladores, para asegurar que el servicio público se rija por principios de transparencia y equidad.
La situación actual exige una reflexión profunda sobre la ética en la política y la necesidad de reformas que garanticen un manejo más responsable de los recursos públicos.
Fuente: Diario Libre