La ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, se ha convertido en un foco de tensión para la comunidad migrante venezolana, especialmente tras el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). María, una mujer de 52 años que ha vivido en Doral durante siete años, ha experimentado un notable aumento de la ansiedad desde que las patrullas de ICE comenzaron a patrullar más frecuentemente las calles de su vecindario.
Con un caso de asilo pendiente, María ha modificado drásticamente su rutina diaria para evitar cualquier encuentro con las autoridades migratorias. "Solo salgo para ir a trabajar", explica, mientras relata cómo ha dejado de participar en actividades sociales y ha restringido sus salidas al mínimo para evitar ser detenida.
Impacto del clima migratorio en la comunidad
La comunidad venezolana en Doral, que es la más grande de Estados Unidos, ha sentido el impacto de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La promesa de un operativo masivo de deportación ha dejado a muchos en un estado de incertidumbre y miedo. María, quien llegó a Estados Unidos en 2019 tras un violento secuestro en su país, comparte que su ansiedad ha aumentado desde que ICE detuvo a su primo en Orlando, quien también tenía un caso de asilo activo.
Para mantenerse informada sobre la presencia de ICE, María revisa constantemente portales de noticias y utiliza aplicaciones para monitorear la ubicación de su familia. "Cada vez que la aplicación suena y dice que alguien llegó a la casa, yo respiro. Desde que tengo esta ansiedad, aguanto la respiración", confiesa, reflejando el nivel de estrés que ha alcanzado.
La lucha por el Estatus de Protección Temporal (TPS)
En 2021, María y su familia obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les otorgó protección contra la deportación y autorización de trabajo. Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente con la posibilidad de que el TPS sea revocado nuevamente bajo la administración actual. En 2025, el entonces presidente Trump eliminó el TPS para los venezolanos, lo que generó una ola de miedo entre los migrantes.
A pesar de la revocación, un juez federal suspendió la decisión, argumentando que generalizar la criminalidad a toda la población venezolana era injusto. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria, y muchos, como María, se sienten atrapados entre el deseo de permanecer en Estados Unidos y el temor a ser deportados.
Reacciones locales y el futuro incierto
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha defendido la colaboración entre la policía local y ICE, a pesar de las críticas de comerciantes y residentes que han visto caer sus ventas hasta un 70% debido a la presencia de agentes migratorios. "La aplicación de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal", argumentó Fraga, mientras que otros líderes locales exigen la derogación del acuerdo que permite esta colaboración.
María, sintiendo que su vida se ha convertido en un constante estado de alerta, ha comenzado a considerar la posibilidad de mudarse a otro país, como Canadá, donde su esposo tiene familiares. "Me da muchísimo dolor dejar la vida que he construido acá, pero esto no es vida", expresa con tristeza, mientras planea cerrar su caso de asilo y buscar alternativas para su familia.
En medio de esta crisis, María se enfrenta a la incertidumbre de su salud, ya que el estrés ha comenzado a manifestarse físicamente, con un tic en el ojo derecho que le preocupa. A medida que se prepara para una cita médica, su futuro sigue siendo incierto, reflejando la difícil realidad de muchos migrantes en Doral.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
