Un reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, publicado por la ONU, ha revelado graves violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Este documento, titulado "La anatomía de la crueldad estatal", acusa al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de emplear estas tácticas como métodos para reprimir la disidencia y controlar a la población.
Desapariciones y muertes en custodia
Desde 2018, el informe documenta al menos 161 casos de desaparición forzada, de los cuales 29 personas continúan sin ser localizadas. Además, se han registrado al menos ocho muertes de detenidos por motivos políticos, entre ellas la del general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, y Brooklyn Rivera, un destacado líder indígena miskito y exdiputado.
Condiciones de detención alarmantes
Los expertos de la ONU han descrito las condiciones de detención en Nicaragua como "desastrosas", con un acceso limitado a atención médica y una cadena de mando centralizada que afecta a la policía, las prisiones y los tribunales. Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, afirmó que un Estado que recurre a la desaparición forzada y permite muertes bajo custodia no puede considerarse democrático.
El caso de Brooklyn Rivera
El informe dedica un capítulo específico al caso de Brooklyn Rivera, quien fue detenido durante casi tres años. Las autoridades no informaron sobre su paradero en dos ocasiones prolongadas. Su muerte, anunciada el 31 de mayo, ha generado controversia, ya que los expertos concluyeron que las versiones oficiales sobre su salud y fallecimiento eran contradictorias y carecían de coherencia médica.
La falta de una autopsia y de una investigación independiente ha dejado sin respuesta la presunción de responsabilidad del Estado en su muerte. Los expertos han solicitado que los restos de Rivera sean entregados a su familia y comunidad para que puedan cumplir con los ritos funerarios miskitos.
Reacciones y demandas internacionales
El gobierno nicaragüense ha defendido su actuación, afirmando que Rivera recibió atención médica adecuada. Sin embargo, el grupo de expertos ha instado al gobierno a revelar el paradero de los 29 desaparecidos y a liberar a todos los detenidos por motivos políticos. Además, han pedido que se investiguen las muertes bajo custodia conforme al derecho internacional.
Este informe se publica en un contexto de creciente represión en Nicaragua, donde Ortega ha anunciado que no habrá más elecciones competitivas y la Asamblea Nacional ha aprobado reformas que excluyen a partidos opositores. Desde abril de 2018, las protestas contra el gobierno han dejado más de 300 muertos, según informes de la ONU y otras organizaciones.
El grupo de expertos fue establecido en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde 2018. Su trabajo destaca la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas y la cooperación internacional para abordar estas violaciones.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
