En un contexto de creciente presión social, todos los grupos de la izquierda parlamentaria han unido sus fuerzas para instar al PSOE a aprobar un decreto de vivienda que responda a las demandas de la ciudadanía. Esta movilización se produce a menos de 24 horas de que el Consejo de Ministros discuta un conjunto de medidas en respuesta al desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con movilidad reducida que fue desalojada de su hogar en el centro de Madrid.
Reunión en el Hospital Gregorio Marañón
La reunión tuvo lugar a las puertas del Hospital Gregorio Marañón, donde Maricarmen se encuentra ingresada por agotamiento severo. En esta convocatoria, organizada por el Sindicato de Inquilinas, participaron representantes de Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid, Compromís, Movimiento Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG. Entre los asistentes se encontraban dos ministras de Sumar: Mónica García, ministra de Sanidad, y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quienes han estado presionando dentro del Ejecutivo para que se implementen medidas más efectivas.
Demandas y exigencias de la izquierda
Mónica García enfatizó que "seguimos lejos, ya no hay parches ni medias tintas" en las negociaciones con el PSOE. La dirigente de Más Madrid advirtió que su grupo se plantará si el PSOE no incluye las medidas necesarias en el decreto. "Este caso ha sido un punto de inflexión y tenemos que decidir si estamos con la especulación o con las familias", subrayó.
Las fuentes de Sumar han señalado que consideran fundamentales la congelación de precios y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que finalicen antes de 2028. También piden la regulación del alquiler de habitaciones, que quedó excluida de la ley aprobada en 2023, y la renovación automática de contratos, tal como ha exigido el Sindicato de Inquilinas.
Desacuerdos y tensiones dentro del Gobierno
Los partidos minoritarios de la coalición han expresado que el principal obstáculo en las negociaciones es la duración de la prórroga. Mientras que en julio se acordó que esta abarcara dos años, ahora el PSOE busca reducirla a la mitad. Además, existe una discrepancia sobre la posible expropiación de la vivienda de Maricarmen, aunque algunos reconocen que es probable que esta medida quede fuera del decreto actual.
El PSOE y Sumar han mantenido diferencias significativas en sus enfoques sobre la política de vivienda, siendo Sumar más propenso a la intervención de precios. Esta tensión se ha intensificado desde la aprobación de la ley de vivienda que creó zonas tensionadas, la cual ha tenido escasa aplicación debido al rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Reacciones de los partidos de izquierda
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, ha instado al PSOE a actuar, recordando que "un trabajador dedica el 50-60% de su salario a la vivienda". Por su parte, Alberto Ibáñez de Compromís ha señalado que "no se dan las condiciones para un real decreto asumible para la ciudadanía" y ha insistido en la necesidad de avanzar hacia alquileres indefinidos y la regulación de habitaciones.
Gerardo Pisarello, de Comuns, también ha manifestado que las medidas propuestas son irrenunciables y ha criticado al PSOE por no abordar el problema de manera efectiva. Desde ERC, Etna Estrems ha llamado a la necesidad de un decreto ambicioso que escuche las demandas de la calle.
Finalmente, desde Podemos, Tito Morano ha calificado las exigencias del sindicato como "mínimo" y ha advertido que el apoyo al decreto dependerá de la inclusión de estas medidas. La presión de la izquierda parlamentaria se intensifica mientras se espera la decisión del Gobierno, que podría tener un impacto significativo en la política de vivienda en España.
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