La Fiscalía Europea ha lanzado una investigación por un presunto fraude relacionado con la utilización de fondos de la Unión Europea en las obras de renovación y mejora de la seguridad de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Esta acción se produce tras el trágico accidente ocurrido el 28 de octubre de 2026 en Urda, Toledo, donde perdieron la vida 69 personas.
Inicio de la investigación
Las pesquisas han sido iniciadas de manera autónoma por la Fiscalía Europea, un órgano encargado de investigar delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. Este caso no es aislado, ya que en marzo de este año, la Fiscalía también abrió una investigación similar tras otro accidente en la línea de Adamuz, Córdoba, que resultó en la muerte de 46 personas.
Acciones de la Guardia Civil
Como parte de la investigación actual, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. Su objetivo es recopilar documentación que permita esclarecer si hubo malversación de los fondos europeos destinados a las obras de mantenimiento de la vía de alta velocidad.
Contexto de los fondos europeos
El foco de la investigación se centra en el uso de una subvención de 111.646.340 euros otorgada por Bruselas en junio de 2024 para la renovación integral de esta línea ferroviaria, la más antigua de la alta velocidad en España. Los fondos estaban destinados a la "sustitución de raíles y traviesas" a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder). La Fiscalía Europea ha solicitado los contratos y expedientes de obra relacionados con los tramos donde se han producido los accidentes.
Paralelismo con otras investigaciones
Tanto la investigación sobre el accidente de Urda como la de Adamuz se desarrollan en paralelo a las indagaciones que llevan a cabo juzgados en Orgaz (Toledo) y Montoro (Córdoba), que buscan determinar las causas de ambos siniestros y posibles responsabilidades penales. La Fiscalía Europea se enfoca en la posible malversación de fondos, mientras que los juzgados nacionales investigan las circunstancias de los accidentes.
El modelo de instrucción de la Fiscalía Europea permite que los fiscales lideren la investigación, mientras que los jueces en España supervisan el proceso para garantizar que se respeten los derechos fundamentales, incluyendo medidas como entradas y registros.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
