Un reciente estudio de WWF titulado "Aquí se roba agua" ha puesto de manifiesto la alarmante situación de la extracción ilegal de agua en España. Tras un año y medio de investigación, se ha determinado que más de 80.000 hectáreas de cultivos en seis acuíferos importantes están siendo regadas con agua obtenida de forma ilegal, lo que representa un grave problema ambiental que afecta a todos los ciudadanos.
Los acuíferos en riesgo
La investigación, que utiliza datos oficiales de 2023 y 2024, señala a seis acuíferos como los más afectados: el Alto Guadiana en Ciudad Real, Almonte-Marismas en Huelva (que alimenta a Doñana), Los Arenales en Castilla y León, Baza en Granada, Campo de Cartagena en Murcia y una zona del sureste que abarca Albacete, Alicante y Almería. Todos estos acuíferos comparten un patrón común: la transición de la agricultura tradicional de secano a un modelo de regadío superintensivo, donde el agua se utiliza de manera excesiva.
La Mancha Occidental: el epicentro del problema
Particularmente preocupante es la situación del acuífero de la Mancha Occidental, que debería alimentar las Tablas de Daimiel. Según el informe, más de 39.000 hectáreas (aproximadamente el 22% de la superficie regada) están utilizando agua con indicios claros de ilegalidad, lo que equivale a unos 69 hectómetros cúbicos al año. Esta sobreexplotación es alarmante, ya que se estima que se está extrayendo un 86% más de lo permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana.
Mejoras y retrocesos en la gestión hídrica
A pesar de la gravedad de la situación, hay áreas donde se están implementando medidas efectivas. En el acuífero Almonte-Marismas, WWF ha observado una disminución en la extracción ilegal, con unas 3.300 hectáreas regadas irregularmente, gracias a un control más estricto. Sin embargo, la Unesco ha advertido que Doñana podría ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si no se toman medidas rápidas para revertir el deterioro de su acuífero.
Por otro lado, el Campo de Cartagena ha visto una reducción significativa en la superficie con indicios de riego ilegal, que ha disminuido de 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024, lo que representa un 65% menos. Esto se atribuye a la Ley del Mar Menor de 2020 y a otras iniciativas de gestión hídrica.
Desafíos y propuestas para el futuro
A pesar de algunos avances, la situación sigue siendo crítica en muchas áreas. En la zona sureste, por ejemplo, se han identificado unas 15.230 hectáreas con indicios claros de ilegalidad, con un crecimiento insostenible en Albacete. WWF ha solicitado más recursos técnicos y jurídicos para las confederaciones hidrográficas, así como una mejor coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La situación hídrica en España es compleja, con una reserva hídrica actual del 60,3% de su capacidad total. Sin embargo, la distribución del agua es desigual entre las distintas regiones, lo que agrava el problema. La predicción estacional apunta a un trimestre más cálido y potencialmente más lluvioso, lo que podría influir en la gestión del agua en el futuro.
La extracción ilegal de agua no solo es un delito ambiental, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos hídricos en España. La necesidad de una respuesta coordinada y efectiva es más urgente que nunca.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
