El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió el pasado 2 de noviembre a Justiniano Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana. Esta elección, que se realizó por unanimidad, destaca por su enfoque en la carrera judicial, ya que Montero ha estado vinculado al sistema judicial desde 2001 y forma parte de la SCJ desde 2019.
Un cambio en la selección de altos funcionarios
La elección de Montero representa un cambio significativo en comparación con sus predecesores, Mariano Germán Mejía y Luis Henry Molina, quienes no contaban con una trayectoria comparable en la judicatura. Este proceso de selección se realizó en un contexto donde el CNM ha adoptado un enfoque más técnico y profesional en la designación de altos funcionarios judiciales, lo que ha sido una constante durante la administración de Luis Abinader.
Reformas judiciales bajo la administración de Abinader
Desde el inicio de su mandato en agosto de 2020, Abinader ha implementado una serie de reformas que han modificado los procedimientos para ocupar puestos estratégicos en el Estado. En diciembre de 2023, el CNM eligió a Napoleón Estévez Lavandier como presidente del Tribunal Constitucional, y en diciembre de 2025 se incorporaron cinco nuevos magistrados a la SCJ, de los cuales tres provenían de la carrera judicial.
Además, en septiembre de 2026, el CNM confirmó a cinco jueces para nuevos períodos en la alta corte, incluyendo a Montero. Estas decisiones han sido precedidas de entrevistas públicas a aspirantes, lo que refleja un esfuerzo por aumentar la transparencia en el proceso de selección.
Modificaciones constitucionales y su impacto
Una de las reformas más significativas fue la modificación constitucional de octubre de 2024, que eliminó la facultad exclusiva del presidente para nombrar al procurador general. Con esta reforma, el presidente propone un candidato, pero la decisión final recae en el CNM. Este cambio se aplicó por primera vez en febrero de 2025, cuando Yeni Berenice Reynoso fue seleccionada como procuradora general.
Asimismo, la reforma incluyó restricciones a los cambios de las reglas de elección presidencial, asegurando que Abinader no pueda postularse nuevamente a la presidencia ni a la vicepresidencia.
Continuidad y profesionalización en el gobierno
El gobierno de Abinader también ha mantenido a funcionarios de administraciones anteriores, como es el caso de Héctor Valdez Albizu, quien ha sido ratificado como gobernador del Banco Central en varias ocasiones. En el ámbito administrativo, se han implementado concursos para el ingreso a puestos de carrera, y se ha reactivado la carrera diplomática tras más de una década sin convocatorias.
La reforma de la Policía Nacional, aunque aún en proceso, busca transformar y profesionalizar la institución, mientras que la nueva Ley de Contrataciones Públicas busca establecer mayores controles y procedimientos electrónicos obligatorios.
Estas acciones reflejan un esfuerzo por parte del gobierno de Abinader por fortalecer las instituciones y garantizar la independencia y profesionalización del sistema judicial y administrativo del país.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
