Las autoridades finlandesas han puesto bajo la lupa a Google debido a la tala de 330 hectáreas de bosque en Muhos, donde la empresa proyecta establecer un centro de datos. El 29 de octubre, se confirmó que la policía inició una investigación penal por posibles violaciones de la legislación ambiental, específicamente en relación con las actividades realizadas por Tuike Finland, una filial de la compañía estadounidense.
La tala de grandes extensiones de bosque es solo una parte de los trabajos preparatorios que se llevan a cabo antes de la construcción de un centro de datos. Sin embargo, estas acciones deben cumplir con estrictas regulaciones ambientales. Las autoridades están investigando si las actividades de preparación, que incluyen la modificación de drenajes y el movimiento de tierras, han causado daños al entorno y han vulnerado la legislación sobre aguas.
Intervención de las autoridades ambientales
El organismo de supervisión finlandés, LVV, intervino el 6 de octubre, exigiendo a Tuike Finland que detuviera los trabajos que pudieran alterar significativamente el entorno. Esta suspensión se aplicó tanto en Muhos como en un proyecto similar en Kajaani-Otanmäki. Las autoridades argumentan que es crucial realizar evaluaciones ambientales antes de llevar a cabo cualquier trabajo que pueda tener un impacto negativo.
Google, que había comenzado la tala antes de que se completaran estas evaluaciones, suspendió los trabajos el 14 de octubre, aunque continuó con tareas de planificación y estudios de bajo impacto. Sin embargo, la atención se centra ahora en cómo las zanjas de drenaje excavadas podrían afectar la circulación del agua en el área, lo que ha llevado a un requerimiento de un plan más detallado para controlar los efectos de las lluvias intensas y el deshielo.
Posibles consecuencias legales y económicas
La investigación penal podría extenderse hasta 2027, y una eventual condena podría resultar en multas para la empresa. Google ha expresado su intención de cooperar con las autoridades y ha defendido que sus acciones se realizaron de acuerdo con su interpretación de la legislación finlandesa. Antti Järvinen, responsable de Google en Finlandia, se disculpó públicamente y aseguró que la empresa había trabajado en colaboración con las autoridades, aunque no especificó con quién.
Este caso se desarrolla en un contexto más amplio, ya que Google anunció en septiembre una inversión de al menos 13.000 millones de euros en infraestructura digital en Finlandia para los años 2027 y 2028. Esta inversión incluye no solo centros de datos, sino también iniciativas de energía limpia, aprovechando el clima frío y la electricidad de bajas emisiones del país. Sin embargo, esta expansión plantea desafíos significativos para la red eléctrica, que podría ver un aumento del 40% en el consumo nacional para 2025.
El futuro del proyecto en Muhos
El futuro del centro de datos en Muhos ahora depende de dos factores: la decisión del organismo supervisor sobre las autorizaciones necesarias para reanudar los trabajos y los resultados de la investigación penal. Aunque se espera que las autoridades informen sobre los avances de la investigación en diciembre, no hay garantías de que se resuelva rápidamente. La situación actual deja al proyecto en un estado de incertidumbre, condicionado por las acciones que se llevaron a cabo antes de que se levantaran las instalaciones definitivas.
En resumen, el caso de Google en Finlandia subraya la importancia de cumplir con las regulaciones ambientales en proyectos de gran envergadura y las posibles repercusiones legales que pueden surgir de su incumplimiento.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
