La Audiencia de Tarragona ha tomado la decisión de remitir al Tribunal Supremo la competencia sobre el caso Montoro, que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a otros acusados. Este caso se centra en un supuesto entramado de corrupción relacionado con el despacho Equipo Económico, que habría influido en la aprobación de legislaciones favorables a empresas gasistas durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Contexto del caso Montoro
Desde 2018, el juez Rubén Rus investiga las actividades de Equipo Económico, que supuestamente tuvo la capacidad de influir en decisiones del Ministerio de Hacienda a cambio de dinero. Según la investigación, este grupo logró que Montoro y su equipo aprobaran normativas que beneficiaban a ciertas compañías. A pesar de que el caso estuvo bajo secreto de sumario durante siete años, la Audiencia ha decidido no pronunciarse sobre la competencia judicial, dejando que sea el Tribunal Supremo quien decida.
Argumentos de las partes involucradas
Las defensas de los acusados han argumentado que Equipo Económico tiene su sede en Madrid y que las supuestas influencias se ejercieron sobre altos funcionarios de la administración central. Por lo tanto, sostienen que corresponde a los juzgados de Madrid llevar a cabo el juicio. En sus escritos, enfatizan que la única conexión con Tarragona es que la causa se inició por hallazgos relacionados con una empresa de la provincia.
Por otro lado, la Fiscalía se opone al traslado del caso, argumentando que la investigación se originó en la empresa gasista Messer, ubicada en El Morell, Tarragona, y que las influencias también afectaron a funcionarios municipales y parlamentarios catalanes. La Fiscalía subraya que los perjuicios alcanzan a las arcas locales y autonómicas, dado que se investigan intentos de influir en impuestos gestionados por estas administraciones.
Decisión de la Audiencia de Tarragona
La Audiencia de Tarragona ha argumentado que no puede resolver la cuestión de competencia por sí misma, ya que esta se plantea entre órganos de distintas provincias. En su resolución, los magistrados explican que serían competentes si la controversia fuera entre diferentes órganos dentro de la misma provincia, pero al tratarse de una disputa entre Tarragona y Madrid, corresponde al Tribunal Supremo decidir.
La resolución de la Audiencia establece que, dada la complejidad del caso y las implicaciones legales, es el Tribunal Supremo quien debe tener la última palabra sobre la jurisdicción del caso Montoro.
En este contexto, la Fiscalía ha identificado varios delitos en el caso, incluyendo cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Montoro, por su parte, ha defendido su inocencia, asegurando que dejó Equipo Económico antes de asumir su cargo en el Gobierno, desvinculándose así de las irregularidades que se le imputan.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
