El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha emitido el Decreto 672-26, que establece que las contrataciones públicas para programas sociales se destinarán exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes) de producción nacional. Esta iniciativa, anunciada el lunes, tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico del país y la creación de empleo, priorizando a los productores locales en la adquisición de bienes y servicios.
Detalles del Decreto 672-26
El decreto instruye a diversas instituciones públicas, encargadas de programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta y otros servicios esenciales, a orientar sus compras hacia las Mipymes industriales dominicanas. Entre las entidades afectadas se encuentran la Dirección de Desarrollo Social Supérate, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), y el Ministerio de Educación (Minerd), entre otras.
Sin embargo, el decreto aclara que no todas las contrataciones de estas instituciones estarán sujetas a la nueva normativa, sino únicamente aquellas vinculadas a los programas y productos especificados. Para que las Mipymes puedan participar, deberán demostrar que pueden satisfacer los requerimientos de las entidades en términos de cantidad y calidad.
Proceso de selección y requisitos
Las contrataciones en el marco de este decreto deberán seguir procedimientos de selección competitiva, conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Si no se encuentran empresas que cumplan con los requisitos, las entidades deberán publicar un llamado a manifestación de interés. En caso de no recibir ofertas adecuadas, se podrá declarar desierto el proceso y ajustar las condiciones para un nuevo intento.
Las Mipymes interesadas en participar deberán contar con un registro industrial emitido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y la certificación MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Las empresas lideradas por mujeres también requerirán la certificación MIPYMES Mujer.
Apoyo institucional y seguimiento
El decreto establece la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para coordinar la implementación del decreto y mejorar los procesos de contratación. Esta mesa tendrá la responsabilidad de identificar sectores industriales estratégicos y diseñar programas de capacitación para facilitar la participación de las Mipymes.
Además, la DGCP deberá realizar un seguimiento trimestral de los bienes y servicios adquiridos por las instituciones y remitir esta información al MICM, que elaborará un informe para la Mesa Presidencial de Industrialización. El MICM también contará con un plazo de cuatro meses para recopilar información sobre los productos ofrecidos por las Mipymes registradas.
Estándares de calidad y sostenibilidad
Los productos adquiridos bajo esta normativa deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos en las normas y reglamentos técnicos nacionales. En caso de que no exista una norma específica para un producto, se instruye al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) a desarrollar una. Además, se podrán establecer criterios de evaluación relacionados con la inclusión social, sostenibilidad medioambiental e innovación, siempre que sean objetivos y verificables.
El Decreto 672-26 entrará en vigor a partir de su publicación, marcando un paso significativo hacia el fortalecimiento de las Mipymes en el país y la promoción de un desarrollo económico más inclusivo.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
