El Gobierno ha garantizado a los sindicatos que más de tres millones de empleados públicos recibirán un aumento salarial del 5% en 2027, a pesar del adelanto electoral. Esta información fue confirmada tras una reunión entre los responsables de Función Pública y representantes de los sindicatos CC OO, UGT y CSIF.
La subida salarial se implementará en dos fases. La primera fase, que comenzará el 1 de enero de 2027, consistirá en un incremento del 4,5% en los sueldos de todos los empleados públicos, como se estableció en el acuerdo plurianual firmado en noviembre de 2025. Posteriormente, se añadirá un 0,5% correspondiente a la revalorización por el desvío de la inflación de 2026, que se aplicará en el primer trimestre de 2027.
El compromiso del Gobierno incluye la actualización retroactiva de las nóminas, que se aplicará desde el 1 de enero de 2026, siempre que el IPC supere el 1,5%. Con la inflación actual proyectada por encima del 4%, se espera que esta actualización se concrete en el primer trimestre del próximo año, una vez que el INE confirme el IPC de diciembre.
Los sindicatos han solicitado que la subida del 4,5% se apruebe antes de las elecciones del 29 de noviembre. Esto es crucial para evitar retrasos en la implementación de los aumentos salariales, dado que podría haber limitaciones en las decisiones del nuevo Ejecutivo tras su toma de posesión.
Además de la subida salarial, el Gobierno ha indicado que está preparando una reforma para abordar el abuso de la temporalidad en el sector público. Sin embargo, esta reforma podría no ser aprobada antes de las elecciones, según fuentes cercanas al ministerio. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber implementado reformas que pongan fin a esta situación.
Los sindicatos también han planteado la necesidad de modificar el modelo de tasa de reposición, que limita la sustitución de funcionarios jubilados, así como la actualización de indemnizaciones y la mejora de las condiciones laborales del personal en el Servicio Exterior.
Por otro lado, aún quedan compromisos pendientes del anterior Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que incluye la implantación de la jubilación anticipada parcial para funcionarios y la finalización de la clasificación profesional. Aunque en julio pasado se aprobó la jubilación parcial para el personal laboral, los funcionarios aún no han visto avances en este aspecto.
El contexto actual de incertidumbre política y económica hace que estas decisiones sean cruciales para el bienestar de los empleados públicos, quienes esperan que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
