María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, fue desahuciada este miércoles de su vivienda en el barrio de Retiro, Madrid, donde había vivido durante 71 años. A sus 87 años, la ejecución del desalojo se llevó a cabo tras tres intentos previos, y se convirtió en un símbolo de la creciente crisis de vivienda en España.
El fondo Urbagestión, propietario del inmueble, había solicitado un aumento del alquiler de 500 a 2.650 euros, tras ganar un litigio en el Tribunal Supremo. La decisión se basó en un tecnicismo que dejó a Maricarmen sin derecho a permanecer en su hogar de por vida, a pesar de su discapacidad del 50%, que no alcanzaba el umbral necesario para garantizar su permanencia.
Contexto de la renta antigua
El caso de Maricarmen se enmarca en la problemática de la renta antigua en España, donde los contratos de arrendamiento firmados antes del 9 de mayo de 1985 están sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Esta ley permite la prórroga forzosa del contrato mientras el inquilino viva, pero con limitaciones impuestas por reformas posteriores. Actualmente, se estima que existen unos 125.000 contratos de este tipo en el país.
El proceso judicial y la respuesta social
La historia de Maricarmen comenzó cuando su padre firmó el contrato de arrendamiento en 1956. Tras la muerte de sus padres, ella se convirtió en la segunda subrogada del contrato. En 2018, el inmueble fue vendido a Renta Corporación y posteriormente a Urbagestión, que intentó aumentar el alquiler a 1.650 euros en 2020. Maricarmen, con una pensión de poco más de 1.000 euros, no pudo aceptar la oferta y el caso llegó a los tribunales, donde finalmente perdió.
El desalojo fue precedido por una movilización vecinal que reunió a cientos de personas en apoyo a Maricarmen. La Policía Nacional intervino para despejar el acceso al edificio, lo que resultó en enfrentamientos y la expulsión de la prensa. La abogada de Maricarmen solicitó un plazo para permitirle abandonar la vivienda dignamente, pero la propiedad se negó a concederlo.
Reacciones y futuro incierto
El Ayuntamiento de Madrid ha afirmado que Maricarmen rechazó las alternativas de vivienda que se le ofrecieron, mientras que el Sindicato de Inquilinas de Madrid contradice esta afirmación, asegurando que no se proporcionaron opciones adecuadas. En el contexto de la crisis de vivienda, el caso de Maricarmen ha atraído la atención de organizaciones como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que solicitó la suspensión del desalojo.
Tras el fallo del Tribunal Supremo, las opciones legales para Maricarmen se han agotado, dejando la posibilidad de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, este proceso podría no detener el desalojo, lo que ha llevado a sus defensores a considerar otras vías, como volver a contactar con el Comité DESC o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El caso de Maricarmen no es aislado; refleja una tendencia más amplia de desahucios en España, donde en el primer trimestre de 2026 se registraron 4.005 desalojos, la mayoría relacionados con impagos de alquiler. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de reformas en la legislación de arrendamientos y la protección de los inquilinos en situaciones vulnerables.
Mientras tanto, Maricarmen se enfrenta a un futuro incierto, sin un lugar donde ir y con la amenaza de perder su hogar tras décadas de residencia. La comunidad y los defensores de los derechos de los inquilinos continúan luchando por su causa, en un contexto donde la especulación inmobiliaria y la falta de alternativas habitacionales son cada vez más evidentes.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
