La reciente implementación de la Ley de Extinción de Dominio en República Dominicana ha generado un amplio debate entre especialistas nacionales e internacionales, quienes han señalado tanto las garantías que ofrece como los retos que enfrentan los actores del sistema judicial. Durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, expertos discutieron la importancia de esta nueva figura legal y su impacto en el manejo de bienes relacionados con actividades ilícitas.
Retos en la aplicación de la ley
Uno de los principales desafíos identificados es la necesidad de que jueces, fiscales y abogados comprendan la autonomía de este proceso en relación con la justicia penal. La jueza Rosanna Vásquez Febrillé, del Tribunal Superior de Tierras, enfatizó que "nuestro reto como jueces es reconocer la autonomía de la figura" y alejarse de la mentalidad tradicional de jueces penales.
La Ley de Extinción de Dominio busca perseguir bienes vinculados a actividades ilícitas, no a las personas, lo que implica un cambio significativo en la forma en que se abordan los casos. El catedrático colombiano Julián Andrés Pimiento Echeverri subrayó que esta figura surgió para superar las limitaciones del proceso penal en la recuperación de patrimonios obtenidos de manera ilícita, afirmando que "la propiedad ilegítima no tiene protección constitucional".
Garantías del debido proceso
Los expertos también resaltaron las garantías que la ley incorpora para proteger los derechos de los ciudadanos. La jueza Vásquez destacó que la Ley 340-22 está "impregnada desde el principio hasta el final de garantías del debido proceso", incluyendo sanciones para funcionarios que utilicen indebidamente el mecanismo de extinción de dominio.
El procurador Pelagio Alcántara Sánchez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio, explicó que las medidas cautelares previstas en la ley cuentan con mayores controles que las del proceso penal. Esto incluye la obligación de notificar a las personas afectadas y garantizarles una audiencia pública en un plazo de cinco días para discutir la validez de la medida cautelar.
Implicaciones para la defensa legal
La nueva legislación también plantea retos para la defensa de los acusados. El exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hiroito Reyes, advirtió que la extinción de dominio utiliza la prueba por preponderancia, un estándar menos riguroso que el requerido en los juicios penales. Esto significa que los abogados deben demostrar la buena fe de sus clientes mediante documentos y actuaciones que respalden su posición.
Entre las pruebas relevantes se incluyen tasaciones, estudios de títulos y documentos que demuestren el origen legítimo de los fondos utilizados para adquirir bienes. Reyes enfatizó que la defensa no puede limitarse a negar el origen ilícito de un bien, sino que debe presentar pruebas concretas.
Adaptación de la legislación a la realidad dominicana
Marko Magdic, director del Programa contra el Crimen Organizado de INL-PADF, destacó que la legislación dominicana ha tomado en cuenta experiencias internacionales, pero ha sido adaptada a las condiciones locales. Este proceso, que él denomina "aplatanamiento", busca equilibrar las mejores prácticas con la realidad y cultura del país.
A diferencia de otros países, como Colombia, donde la extinción de dominio es imprescriptible, República Dominicana ha establecido un plazo de prescripción de 20 años. Esta decisión responde a preocupaciones sobre posibles abusos y la confiscación arbitraria de bienes.
Otro aspecto crucial es la gestión de los bienes que quedan bajo control del Estado. Pimiento Echeverri advirtió sobre los riesgos de que el Estado se convierta en un "estado hotelero" al acumular propiedades y activos durante largos procesos judiciales. La legislación dominicana incluye la posibilidad de venta anticipada de bienes, permitiendo su disposición antes de que pierdan valor.
En conclusión, la Ley de Extinción de Dominio en República Dominicana presenta un marco legal innovador que busca combatir la corrupción y el narcotráfico, pero su éxito dependerá de la capacidad de los actores judiciales para adaptarse a este nuevo paradigma y garantizar los derechos de todos los involucrados.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
