El caso de Juan Francisco López Chapor, un ingeniero y empresario dominicano, ha desatado una controversia en torno a su internamiento involuntario en un centro psiquiátrico. Este episodio se produce en el contexto de un divorcio y una disputa por bienes que superan los 60 millones de pesos, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
Según el Ministerio Público, el traslado de López Chapor fue coordinado por su entonces esposa, Nancy Estervina de Jesús, quien alegó haber actuado bajo indicaciones de la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera. La Fiscalía sostiene que tres desconocidos, uno de ellos disfrazado de personal de enfermería, lo sacaron de su lugar de trabajo, lo esposaron y le administraron una inyección antes de llevarlo a la fuerza al centro de salud mental.
Versiones enfrentadas sobre el internamiento
La defensa de la psiquiatra, representada por el abogado Jean Cristopher Pérez, niega que ella haya ordenado el internamiento. Según su relato, la doctora llegó al centro varias horas después de que López Chapor fue ingresado, a las 7:00 de la noche, tras ser llevado por sus familiares. Pérez argumenta que la psiquiatra recomendó una observación de 24 horas debido a que encontró a López Chapor alterado, pero no un internamiento prolongado.
Por otro lado, el abogado de López Chapor, Héctor Quiñones, sostiene que su cliente no presentaba ninguna condición psiquiátrica que justificara su internamiento y que evaluaciones posteriores del Instituto Nacional de Análisis Forense (Inacif) confirmaron su estado de salud. Quiñones también menciona que un video muestra a López Chapor trabajando normalmente en el momento de su traslado.
Conflicto familiar y antecedentes médicos
El trasfondo del caso incluye un proceso de divorcio y la partición de bienes entre López Chapor y su esposa. Según Quiñones, la esposa había visitado la oficina de su cliente dos días antes del incidente para discutir la distribución de los activos.
Respecto a los antecedentes médicos, los abogados presentan versiones contradictorias. Quiñones afirma que López Chapor había consultado a la psiquiatra en dos ocasiones previas por problemas de ansiedad y dificultades de pareja, mientras que Pérez sostiene que existía un historial más extenso y que una psicóloga lo había referido a consulta, aunque no ofreció detalles específicos.
Implicaciones legales y normativas
La Procuraduría General de la República ha solicitado prisión preventiva contra la psiquiatra como presunta cómplice en un caso de violencia intrafamiliar, citando artículos del Código Penal relacionados con la complicidad y la violencia. Sin embargo, no se ha presentado una imputación bajo la Ley 12-06 sobre Salud Mental, que regula el internamiento involuntario y establece criterios específicos para su aplicación.
La ley estipula que el internamiento involuntario debe ser una medida de último recurso, y que debe existir un diagnóstico claro que justifique la hospitalización. Además, se requiere la conformidad de un segundo profesional de salud mental independiente si la persona no consiente.
El caso de López Chapor pone de relieve la necesidad de un análisis cuidadoso de las implicaciones legales y éticas en situaciones donde se involucran decisiones sobre la salud mental y el bienestar de los individuos, especialmente en contextos de conflictos familiares.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
