El robo de cobre se ha convertido en un problema creciente en Cataluña, donde la Generalitat está considerando cambios legislativos para abordar esta situación. La consellera portavoz, Sílvia Paneque, confirmó que se está negociando con el Gobierno central para modificar el Código Penal, de modo que los ladrones de cable puedan ser encarcelados sin escalas, dado que estos delitos afectan gravemente a la infraestructura y los servicios públicos.
El aumento en la sustracción de cobre es alarmante. En 2024, se registraron 4.333 robos de cableado de cobre en toda España, lo que representa un aumento del 87% en comparación con hace cinco años. Cataluña se destaca en este contexto, concentrando el 40% de los robos a nivel nacional, muy por encima de su media histórica.
Impacto en los servicios públicos
Los robos de cobre no son simples delitos patrimoniales; tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, la línea R3 de Rodalies ha sufrido 63 robos en lo que va de 2026, lo que ha llevado al Ministerio de Transportes a activar un contrato de emergencia por 17 millones de euros para reemplazar 70 kilómetros de cable y mejorar la vigilancia. Esta situación ha dejado a miles de viajeros sin servicio, obligándolos a utilizar autobuses de sustitución.
En un caso reciente en Lleida, dos hombres fueron detenidos mientras cortaban cable junto a la vía, y se les relacionó con un robo previo de dos toneladas de cable de un almacén de Adif. Este tipo de delitos no solo interrumpen el servicio ferroviario, sino que también pueden provocar incendios, como ocurrió en Vinaixa, donde un robo causó un incendio que afectó a dos líneas durante semanas.
El valor del cobre y el crimen organizado
La razón detrás de este aumento en los robos es el precio del cobre, que ha alcanzado niveles históricos. Actualmente, el cobre cotiza a aproximadamente 6,8 dólares la libra, casi un 50% más que el año anterior. La creciente demanda de cobre para tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos, ha incentivado a los delincuentes a robar este metal.
Además, se ha desarticulado una organización internacional dedicada al robo de cobre, que operaba en varias provincias y acumuló 134 kilómetros de cable robado, con un valor superior a un millón de euros. Este tipo de bandas organizadas complican aún más la situación, ya que el material robado es a menudo almacenado en naves en diferentes países antes de ser vendido.
Propuestas legislativas y el futuro del robo de cobre
El actual marco legal en España permite que muchos robos de cobre sean considerados como delitos menores, lo que dificulta la imposición de penas severas. El artículo 240.2 del Código Penal establece penas de entre dos y cinco años de cárcel solo si se demuestra un "quebranto grave". Sin embargo, muchos robos se cometen sin forzar entradas, lo que los clasifica como hurtos leves.
Ante esta situación, el Ministerio de Transportes ha propuesto un nuevo tipo penal que aumentaría las penas para robos que afecten a la circulación ferroviaria, con sanciones de entre dos y seis años. La Generalitat de Cataluña está presionando para acelerar este proceso legislativo, recordando que el robo de cobre no solo afecta a la infraestructura, sino que también pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
El problema del robo de cobre en Cataluña refleja una crisis más amplia en la que el valor del metal y la falta de medidas efectivas para prevenir estos delitos se combinan, creando un entorno propicio para el crimen. La situación requiere atención urgente y una respuesta coordinada entre las autoridades locales y nacionales.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
