Una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto irregularidades significativas en el programa Familias de Cariño, que tiene como objetivo proporcionar atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Durante el período de 2024, se identificó que al menos 15 servidores públicos estaban recibiendo beneficios del programa, a pesar de que también percibían salarios de otras instituciones estatales.
Detalles de la auditoría
El informe de auditoría abarcó el período desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2024 y reveló que 12 de estos empleados estaban registrados como cuidadores de adultos mayores, mientras que los otros tres figuraban como beneficiarios del programa. Los cuidadores recibían pagos mensuales de entre 5,000 y 15,000 pesos del programa, sumando un total de 170,000 pesos en desembolsos mensuales.
Los auditores encontraron que los salarios de estos cuidadores en sus respectivas instituciones públicas alcanzaban hasta 200,000 pesos mensuales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la inclusión de personas que no cumplen con los requisitos del programa y la duplicidad de beneficios, lo que podría incrementar el gasto público.
Deficiencias en la documentación
La auditoría también reveló que muchos expedientes de beneficiarios carecían de la documentación necesaria para validar su inclusión en el programa. Se identificaron faltantes de informes médicos, contratos y documentos que acreditaran la identidad y situación de los cuidadores. Además, se encontraron expedientes incompletos y desactualizados, lo que dificulta la verificación de los procedimientos de selección de beneficiarios.
La Contraloría advirtió que estas deficiencias podrían violar la Constitución y diversas leyes relacionadas con la función pública y el control interno. Como resultado, se recomendó establecer mecanismos de verificación más rigurosos para prevenir la duplicidad de beneficios.
Acciones correctivas y seguimiento
A pesar de que el Conape ha presentado un plan de acción para abordar las observaciones realizadas por la Contraloría, el informe no proporciona una justificación clara sobre la inclusión de los 15 servidores públicos en el programa. La Contraloría ha clasificado el hallazgo como "en proceso de subsanación", lo que indica que aún no se han implementado las correcciones necesarias.
Además, se identificaron otras irregularidades en la gestión del Conape, incluyendo la falta de documentación en los expedientes de contratación de su personal y problemas con el parque vehicular de la institución. La auditoría recomendó fortalecer los controles internos y mejorar la gestión documental para asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.
La situación actual del programa Familias de Cariño y las acciones correctivas que se implementen serán cruciales para garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y que los beneficiarios realmente cumplan con los requisitos establecidos.
Fuente: Información elaborada a partir de la publicación original.
