El Gobierno de España ha rechazado de manera contundente la solicitud de condena de 24 años de prisión contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, presentada por la acusación popular liderada por el grupo ultraconservador Hazte Oír. Esta petición, según fuentes del Ejecutivo, forma parte de una estrategia orientada a desestabilizar al actual gobierno.
Las mismas fuentes expresan su indignación ante la gravedad de la pena solicitada, argumentando que esta demanda se desacredita por sí sola. En sus críticas, el Gobierno ha atacado a Hazte Oír, a quien califica como una organización de “activistas de ultraderecha” cuyo objetivo es “judicializar la política”.
La denuncia contra Gómez involucra presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y es vista como un intento de hacer caer a la administración de Sánchez a través de vías legales.
Además de la dura condena solicitada para la esposa del presidente, Hazte Oír demanda una prohibición de salida del país y la retirada de su pasaporte ante lo que consideran un “evidente riesgo de fuga”. Esta acción se presenta bajo un escrito de acusación que incluye a diversas agrupaciones como Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
Por otra parte, se han solicitado 22 años de prisión para Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, a quien se considera cooperadora necesaria en los delitos atribuidos a la esposa del presidente. En la misma línea, un empresario, Juan Carlos Barrabés, enfrenta una petición de 6 años de prisión por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, bajo la acusación de beneficiarse de su relación con Gómez para asegurar conceder adjudicaciones.
La investigación, dirigida por el juez instructor Juan Carlos Peinado, ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno. Actualmente, corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid determinar si se procede a la apertura del juicio contra Gómez y los demás implicados.
